AVANZA LA CAUSA
Causa Molinas Grondona: la fiscalía busca frenar embargos por sospechas de estafas procesales
SALTA (Redacción Voces Críticas) La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) dio un paso clave en la denominada "Causa Molinas Grondona", una investigación que pone bajo la lupa un sofisticado y reiterado mecanismo de estafas procesales. Ante el avance de las pruebas, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó al Juzgado de Procesos Ejecutivos N° 4 la suspensión urgente de cualquier embargo o transferencia de fondos vinculada a los sospechosos.
La medida busca evitar lo que la fiscalía denomina "perjuicios de imposible reparación", ya que las víctimas podrían perder sus bienes de manera definitiva antes de que la justicia penal dicte sentencia sobre la validez de los documentos que originaron las deudas.
Un esquema sistemático de engaño
La causa tiene como principales imputados al abogado Lucas Ignacio Molinas Grondona y a una mujer que sería su empleada. Según la investigación de la UDEC, ambos habrían desplegado decenas de maniobras para obtener sentencias judiciales favorables de forma fraudulenta.
Entre los delitos que se investigan figuran:
- Estafas procesales y falsificación: Uso de documentos privados adulterados para iniciar juicios ejecutivos.
- Abuso de firma en blanco: Utilización de papeles firmados por las víctimas para convertirlos en pagarés o deudas inexistentes.
- Usura agravada: Prácticas vinculadas al cobro de intereses desproporcionados fuera de la ley.
El "truco" de los domicilios falsos
Uno de los detalles más escandalosos de la investigación es cómo lograban avanzar en los juzgados sin que los demandados se enteraran. De acuerdo con la fiscalía, existía un esquema para utilizar domicilios inexistentes, deshabitados o ajenos a las personas demandadas.
De esta manera, las notificaciones judiciales nunca llegaban a los verdaderos involucrados. Al no presentarse a defenderse (porque no sabían del juicio), la justicia dictaba la rebeldía y procedía directamente al embargo de sus cuentas o bienes, vulnerando por completo el derecho constitucional de defensa.
Blindaje al patrimonio de los damnificados
La causa se originó a partir de una serie de denuncias provenientes de los propios juzgados civiles, donde las irregularidades en la documentación y los domicilios empezaron a llamar la atención de los magistrados.
Mientras la causa penal avanza, el pedido de Salinas Odorisio busca poner un "freno de mano" a todas las ejecuciones patrimoniales actuales. El objetivo es garantizar la transparencia y asegurar que ninguna maniobra ilegal se consolide, protegiendo el bolsillo de los salteños que habrían sido blanco de este esquema delictivo. Informa Voces Críticas