ALLANAMIENTOS
Investigan a dos policías salteños por una maniobra ilegal con certificados de antecedentes penales
Una investigación judicial que comenzó por la desaparición de once troqueles de seguridad utilizados para emitir certificados de antecedentes penales derivó en una causa que involucra a dos integrantes de la Policía de Salta, sospechosos de participar en maniobras presuntamente irregulares vinculadas a la confección de esa documentación.
La intervención se inició luego de una denuncia presentada por la jefa del Departamento Judiciales de la Dirección General de Investigaciones, quien advirtió el faltante de los elementos de seguridad empleados para la emisión de los certificados. A partir de allí, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) comenzó a reunir pruebas y reconstruir los movimientos realizados dentro del área.
Durante las tareas investigativas se detectó que uno de los agentes involucrados se encontraba desempeñándose en un sector ajeno a sus funciones habituales y que, según los registros informáticos analizados, aparecía vinculado a la confección de certificados, una tarea que no correspondía a su cargo.
La causa tomó mayor relevancia tras la declaración de dos docentes, quienes aseguraron que un hombre vestido de civil les ofreció gestionar el trámite de antecedentes penales. Según relataron, incluso se presentó en el establecimiento educativo donde trabajan con formularios y elementos para tomar huellas dactilares. Por esa gestión, ambas realizaron una transferencia de 32 mil pesos a un alias bancario que luego fue incorporado a la investigación. Informa Voces Críticas.
Los investigadores establecieron que la cuenta receptora de ese dinero pertenecía al otro efectivo policial bajo sospecha, quien prestaba funciones en el área de Dactiloscopía. Además, el análisis de comunicaciones permitió detectar múltiples contactos entre ambos agentes en fechas consideradas relevantes para el expediente.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras se habrían desarrollado desde febrero y continuado durante los meses siguientes, registrándose movimientos de dinero entre las cuentas de los involucrados. Ante estos indicios, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio solicitó allanamientos en viviendas ubicadas en barrio Juan Manuel de Rosas y San Isidro. Las medidas, autorizadas por el juez Diego Rodríguez Pipino, permitieron el secuestro de documentación y teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la investigación.