La Corte Suprema deberá decidir sobre el pedido de Cristina Fernández para frenar el decomiso de bienes de sus hijos

Salta (Redacción Voces Críticas) La ex presidenta Cristina Fernandez presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de revertir una decisión judicial que habilita el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.

La presentación apunta contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 que incluyó dentro del proceso de recuperación de activos un conjunto de 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz. Se trata de propiedades que fueron transferidas por Néstor Kirchner y por la ex mandataria a sus hijos y que ahora forman parte de la disputa judicial.

Desde la defensa sostienen que la medida excede los alcances previstos para este tipo de sanciones y cuestionan que se avance sobre bienes cuyo origen consideran legítimo. En el escrito presentado ante el máximo tribunal afirmaron que “se habilitó que esta sanción recaiga ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen lícito y dispensando a la parte acusadora de acreditar la vinculación directa entre los bienes, cuyo desapoderamiento se postula, y el hecho enjuiciado". Informa Voces Críticas.

Entre los bienes alcanzados por el decomiso figuran departamentos, viviendas y terrenos localizados en Río Gallegos y Lago Argentino. Los abogados de la exvicepresidenta remarcaron que “no se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, y señalaron que las propiedades fueron adquiridas mediante operaciones legales y con recursos de origen lícito.

Sin embargo, tanto el Tribunal Oral Federal 2 como la Cámara Federal de Casación Penal respaldaron el criterio impulsado por la fiscalía. A fines de mayo, Casación ratificó el decomiso y sostuvo que los bienes vinculados a actividades ilícitas pueden ser recuperados por el Estado incluso cuando hayan sido transferidos a terceros o recibidos por herencia.

En ese sentido, los magistrados señalaron que: “El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”. La resolución dejó firme un decomiso superior a los 684.000 millones de pesos y abrió la posibilidad de rematar activos para resarcir al Estado.

Ahora será la Corte Suprema la que deberá decidir si acepta el recurso presentado por Cristina Kirchner y revisa el alcance de las resoluciones dictadas por las instancias inferiores. La definición será clave no solo para el futuro de las propiedades en discusión, sino también para establecer criterios sobre el alcance de los decomisos en causas de corrupción de alto impacto institucional.