INVESTIGACIÓN
Podrían detener a Fayón Medina por presuntos sobreprecios y maniobras fraudulentas durante su gestión en la Panadería Social
SALTA (Redacción Voces Críticas) La Justicia salteña dio un paso clave en una de las investigaciones más delicadas que giran en torno a la administración de fondos públicos de la gestión municipal anterior. La Unidad de Delitos Económicos Complejos formalizó la acusación contra el exdirector de la Panadería Social y podría ser detenido, reactivando las sospechas sobre el manejo financiero de la capital provincial durante el mandato de la exintendenta Bettina Romero.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio presentó el requerimiento formal contra Luis Emilio Fayón Medina, quien presidió la Sociedad del Estado "Pan Solidario" entre abril de 2021 y enero de 2024. Los peritajes contables incorporados al expediente estiman que las maniobras fraudulentas y el desvío de recursos provocaron un perjuicio económico al erario público que, a valores actualizados, supera los 150 millones de pesos. Por este motivo, el exfuncionario quedó imputado como presunto autor del delito de fraude a la administración pública.
El entramado familiar detras de los proveedores
La acusación de la fiscalía no se limitó únicamente a la cabeza del organismo municipal. La Justicia también imputó formalmente a la esposa del exfuncionario, Roxana González Domínguez, y a su cuñada, Josefina González Domínguez, quienes quedaron señaladas dentro de la causa bajo la figura de partícipes necesarias en la maniobra delictiva.
De acuerdo con los elementos reunidos por el gabinete de investigadores de la UDEC, Fayón Medina habría utilizado su posición de poder para direccionar contrataciones directas y compras del Estado hacia firmas comerciales que estaban directamente vinculadas a su círculo familiar íntimo. Esta maniobra habría configurado un severo conflicto de intereses incompatible con el ejercicio de la función pública, facilitando el pago de presuntos sobreprecios y movimientos de dinero injustificados.
El origen de la denuncia y los controles internos
La investigación penal se originó el 24 de mayo de 2024, a partir de una denuncia formal que radicó el Procurador General de la Municipalidad de Salta tras auditar los balances de la empresa estatal. Desde ese momento, las autoridades judiciales recopilaron documentación interna, actas de directorio, registros de proveedores y análisis contables que permitieron consolidar la sospecha sobre las maniobras de defraudación.
Con la elevación de la acusación formal, la causa reactivó la discusión pública respecto a la falta de mecanismos de control internos eficientes en los entes descentralizados de la comuna durante la gestión pasada. A partir de esta instancia procesal, los tribunales salteños deberán definir los plazos para el avance del expediente y evaluar las responsabilidades penales definitivas de los tres involucrados. Informa Voces Críticas