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Se puso en marcha: comenzó a funcionar la nueva Unidad de Flagrancia en la Justicia de Salta
SALTA (Redacción Voces Críticas) El sistema de justicia penal de la provincia de Salta sumó una herramienta clave para acelerar la resolución de los delitos comunes. A partir de la medianoche de este miércoles 24 de junio de 2026, comenzó a operar formalmente la Unidad de Flagrancia del Ministerio Público Fiscal, bajo la órbita del Distrito Judicial Centro, quedando exceptuada únicamente la localidad de Cafayate.
La puesta en marcha de esta oficina técnica se concretó a través de la Resolución 1741, firmada por el procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella. La medida forma parte del despliegue progresivo de la Ley 8520, el nuevo Código Procesal Penal salteño que introduce el sistema acusatorio, adversarial, oral y público, otorgándole a los fiscales el control absoluto de las investigaciones.
Qué casos absorberá la nueva oficina
El foco de esta dependencia especializada estará puesto en los expedientes donde el componente de inmediatez sea central. El marco legal determina que se considera flagrancia cuando un sospechoso es atrapado en el momento exacto en el que comete o intenta cometer un ilícito, o bien inmediatamente después de haberlo perpetrado tras una persecución o señalamiento directo.
El protocolo también contempla los casos en que los autores queden identificados de forma instantánea mediante cámaras de seguridad, filmaciones particulares u otros soportes tecnológicos. De igual modo, la unidad tomará intervención ante fugas de centros de detención o cuando resulte indispensable ordenar un arresto de urgencia para preservar las pruebas del caso.
Objetivos y equipo de trabajo
El propósito central de la estructura es terminar con los tiempos muertos de las causas. Al concentrar las principales medidas de prueba en las primeras horas posteriores al hecho, se busca dotar al proceso de mayor simplicidad, celeridad y despapelización, evitando que los expedientes menores se eternicen en los escritorios.
La conformación del área se había estipulado previamente mediante la Resolución 1709 de la Procuración General. Posteriormente, a través de los instrumentos 1713 y 1733, se dispuso que la fiscal penal Carolina Mateo Bellini sea la encargada de liderar la oficina junto a un cuerpo de profesionales técnicos. El inicio de las actividades operativas se acopló al final de las reformas edilicias correspondientes y a la configuración de los nuevos sistemas informáticos de gestión. Informa Voces Críticas