Mano dura en las cárceles de Salta: el Senado aprobó la prohibición de celulares para presos

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Cámara de Senadores de Salta dio un paso clave en materia de seguridad penitenciaria al aprobar un proyecto de ley que prohíbe de forma taxativa la tenencia y el uso de teléfonos móviles, dispositivos tecnológicos o cualquier sistema de comunicación interna y externa por parte de personas privadas de su libertad. La restricción alcanzará tanto a las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Provincial como a las alcaidías y dependencias policiales que alojen detenidos en todo el territorio salteño.

El miembro informante y senador por el departamento La Poma, Dani Nolasco, fundamentó la urgencia de la norma señalando que la utilización clandestina de telefonía celular dentro de los lugares de encierro se convirtió en una amenaza directa y constante para la seguridad pública. De acuerdo con los fundamentos expuestos en el recinto, un alto porcentaje de delitos complejos como extorsiones telefónicas, estafas virtuales y la coordinación de maniobras ilícitas fuera de los penales se organizan desde los pabellones utilizando estos dispositivos.

El legislador reconoció además que los protocolos de requisa y las medidas de seguridad vigentes hasta el momento demostraron ser insuficientes para frenar el contrabando e ingreso de tecnología a los establecimientos. Ante este diagnóstico, la nueva legislación dispone una profunda reestructuración de los mecanismos de control e impone la obligación de instalar sistemas de bloqueo y neutralización de señal celular en los perímetros carcelarios.

Garantía de comunicación institucionalizada

Para evitar cuestionamientos legales respecto a los pactos internacionales de derechos humanos, la normativa delimita con claridad cómo se canalizarán los lazos con el exterior. Los senadores explicaron que la intención del proyecto es armonizar la seguridad de la ciudadanía con el régimen de progresividad de la pena y los derechos fundamentales de los internos.

Por este motivo, el texto aprobado estipula de manera expresa que el Estado garantizará el derecho a la comunicación de los internos únicamente a través de plataformas fijas y sistemas de telefonía pública o institucional provistos por los mismos penales. Estas líneas de comunicación estarán estrictamente controladas, contarán con horarios regulados y su uso estará limitado de forma exclusiva al mantenimiento de los vínculos familiares de los reclusos, eliminando cualquier margen para el uso de líneas privadas. Tras el respaldo unánime de la Cámara alta, la iniciativa fue girada en revisión a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Informa Voces Críticas