El Senado dio media sanción al proyecto para prohibir celulares en las cárceles de Salta

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Cámara de Senadores de Salta aprobó este jueves dos proyectos vinculados a la seguridad pública. Por un lado, otorgó media sanción a la iniciativa que prohíbe el ingreso, la tenencia, el uso, la facilitación y la comercialización de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación para personas privadas de la libertad en cárceles y comisarías de la provincia. Además, insistió con una reforma del Código Contravencional para endurecer las sanciones contra los denominados "trapitos".

El proyecto sobre los celulares fue impulsado por los senadores Juan Cruz Curá y Gonzalo Caro Dávalos. La iniciativa busca impedir que desde los establecimientos penitenciarios se continúen organizando delitos como extorsiones, amenazas y secuestros virtuales. También contempla la instalación de inhibidores de señal, el refuerzo de los controles en las unidades penales y mecanismos que permitan a los internos comunicarse con familiares y abogados a través de líneas autorizadas.

Al defender la propuesta, Gonzalo Caro Dávalos sostuvo que la medida no busca agravar la situación de las personas privadas de la libertad, sino impedir que continúen delinquiendo desde prisión. "Queremos que quien esté cumpliendo una condena no pueda seguir cometiendo delitos desde adentro de la cárcel", expresó el legislador.

En la misma sesión, el Senado resolvió insistir con el texto original de la reforma al Código Contravencional, aprobado en diciembre de 2025, al considerar que las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados alteraban el espíritu de la iniciativa. El proyecto apunta a endurecer las sanciones para quienes realizan actividades de cuidado de vehículos sin autorización.

El senador Dani Nolasco afirmó que el objetivo es brindar mayor protección a las personas que concurren a eventos deportivos, culturales y sociales y que, en muchos casos, pagan por temor a sufrir daños en sus vehículos. "Las modificaciones desvirtuaban la esencia del proyecto. Lo que buscamos es proteger a las víctimas y dejar en claro que solo quienes cuenten con autorización podrán prestar ese servicio", señaló.