La causa por los equipos del Hospital Materno Infantil entró en una etapa decisiva

Salta (Redacción Voces Críticas) El Hospital Materno Infantil de Salta quedó nuevamente bajo la lupa judicial luego de que la Fiscalía formalizara la acusación contra dos médicos en una causa por el presunto robo de equipamiento neonatal. Según la investigación, varios aparatos que pertenecían al nosocomio público fueron encontrados en una empresa privada dedicada a la atención de recién nacidos.

La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, presentó la acusación formal ante la Oficina Judicial contra Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa. Ambos fueron acusados por el delito de peculado, una figura vinculada a la sustracción o utilización indebida de bienes públicos por parte de personas que tienen acceso a ellos por su función.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los profesionales habrían aprovechado su trabajo en el servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil y el acceso que tenían al equipamiento estatal para retirar bienes que estaban bajo custodia del establecimiento. Luego, esos elementos habrían sido incorporados al circuito operativo de una firma privada de neonatología de la que ambos eran socios.

La investigación se inició tras una denuncia realizada por autoridades del hospital, luego de una inspección del Ministerio de Salud de la Provincia. Durante ese procedimiento se habría detectado la posible presencia de aparatología perteneciente al sistema público en una clínica privada de la ciudad de Salta.

A partir de allí, se realizaron inspecciones, relevamientos documentales, declaraciones testimoniales, pericias e informes técnicos. Según informó el Ministerio Público Fiscal, en la terapia neonatal Neofénix se encontraron seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los registrados por el Hospital Materno Infantil.

Los aparatos fueron secuestrados y restituidos judicialmente al hospital público. Para la Fiscalía, el hecho investigado no solo habría afectado el patrimonio estatal, sino también el funcionamiento del servicio sanitario y los deberes de transparencia que deben cumplir quienes trabajan dentro de la administración pública.

En la misma presentación, la fiscal solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al considerar que no existían elementos para vincularlas con la maniobra investigada. Ahora será la Justicia la que deberá resolver la situación procesal de los dos médicos acusados.