CRISIS
El Hospital Oñativia enfrenta una deuda récord y crece la alarma por la calidad de atención
Salta (Redacción Voces Críticas) El Hospital Oñativia enfrenta una deuda cercana a los $2.000 millones por prestaciones realizadas a afiliados de obras sociales, PAMI y otras prestadoras que todavía no fueron abonadas. La situación genera preocupación por el impacto que podría tener sobre la calidad de la atención y el funcionamiento cotidiano del establecimiento.
El problema se vincula con el sistema de autogestión de los hospitales públicos. El presupuesto está pensado principalmente para atender a personas sin cobertura médica, pero una parte importante de la demanda corresponde a pacientes con obra social cuyas prestaciones deberían ser reintegradas posteriormente.
En el caso del Hospital Oñativia, entre los principales deudores aparecen obras sociales sindicales, PAMI y, en menor medida, el IPS. También se registran compromisos impagos de entidades como OSECAC y Boreal.
La falta de pago no implicará una suspensión de la atención. A diferencia de otros establecimientos, el hospital concentra prestaciones de alta complejidad que no pueden interrumpirse, entre ellas trasplantes y tratamientos hematológicos.
Sin embargo, el escenario ya provoca dificultades concretas. En algunas cirugías se registran demoras porque determinadas obras sociales tardan en autorizar o directamente rechazan la cobertura de insumos necesarios para realizar los procedimientos.
El Hospital Oñativia obtuvo además un fallo judicial favorable para cobrar alrededor de $57 millones al PAMI por prestaciones realizadas en 2019. El litigio se extendió durante siete años antes de llegar a una resolución.
La deuda también tiene un efecto directo sobre el personal. La mitad de lo recaudado por prestaciones a obras sociales se destina al adicional por productividad, un componente que representa entre el 11% y el 20% del salario de numerosos trabajadores.
Frente a este panorama, el Hospital Oñativia apunta a mejorar los mecanismos de recupero de fondos. Una reciente reglamentación provincial permitiría certificar las deudas y acelerar los procesos de cobro para evitar que los atrasos sigan comprometiendo la atención y los recursos del sistema público.