Caso Natalia Cruz: imputaron a diez policías por no cumplir la custodia y por un presunto informe falso

SALTA (Redacción Voces Críticas) La investigación por el femicidio de Natalia Marilín Cruz, ocurrido en febrero de este año en Campo Quijano, sumó un nuevo capítulo con la imputación de diez efectivos policiales por presuntas irregularidades en el cumplimiento de las medidas de protección ordenadas por la Justicia.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la causa es llevada adelante por una Unidad Fiscal integrada por la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios y la Fiscalía de Derechos Humanos, luego de detectar posibles incumplimientos por parte del personal de la Comisaría 7 de Campo Quijano.

De acuerdo con la investigación, la víctima contaba con una orden judicial de consigna policial fija debido a reiterados episodios de violencia de género atribuidos a su expareja. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que esa medida de protección no habría sido implementada, pese a que los efectivos conocían la disposición judicial.

La causa también investiga la confección de un informe policial presuntamente falso, en el que se habría dejado constancia de un supuesto intento de cumplir con la custodia ordenada por la Justicia.

Entre los imputados se encuentran el jefe de la Comisaría 7 y un jefe de Guardia, acusados por los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según la acusación, el primero habría promovido la incorporación del informe cuestionado y omitido garantizar la custodia, mientras que el segundo habría ordenado elaborar el documento y no controló el cumplimiento de la medida judicial.

Además, otros dos efectivos fueron imputados por presunta falsedad ideológica, mientras que cinco policías más fueron acusados como coautores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por no ejecutar la consigna o no informar a la Justicia sobre la imposibilidad de hacerlo.

Las fiscales intervinientes sostienen que la investigación permitió detectar presuntas irregularidades sistemáticas en el tratamiento de casos de violencia de género dentro de esa dependencia policial, con deficiencias en la aplicación de los protocolos, los controles internos y la ejecución de las medidas de protección ordenadas por la Justicia.