Ley de alquileres: se preveen cambios que están siendo negociados. Incluiría el "desalojo express"

ARGENTINA.- El Gobierno negocia cambios al proyecto de ley de alquileres. Este proyecto comenzó a ser tratadao la semana pasada y  levantó críticas de empresarios del sector e incluso del propio oficialismo.

En una reunión entre funcionarios nacionales, referentes de cámaras inmobiliarias, martilleros y el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, autor de la iniciativa, se acordó avanzar en algunos cambios al texto. Se está estudiando incluso reglamentar la habilitación de desalojos "express" ante incumplimiento de contrato por parte del inquilino.

Esta iniciativa ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser debatido en el recinto.

A su vez, esto desencadenó fuertes críticas de todo el sector inmobiliario, quienes  argumentan que una norma de este tipo encarecería los precios y provocaría el retiro propiedades del mercado de alquileres.

A pesar de ser considerado muy buena la iniciativa, decidieron hacer reuniones entre las partes.

De los puntos principales del proyecto, los referentes del sector plantearon su disconformidad con casi todos, aunque los más relevantes a ser rebatidos tienen que ver con la actualización semestral de los valores de los alquileres, que según la iniciativa seguiría un indicador creado ad hoc por el Indec y que combine los índices de inflación y de variación del salario y la flexibilización de garantías.

En cuanto  a las garantías, el sector inmobiliario reclamó que las cinco variantes que habilita el proyecto (garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza) no sean de aceptación "obligatoria" del propietario sino que sea de común acuerdo con el inquilino.

También se planteó y se tratará la planteó "la reglamentación de desalojos inmediatos, que demoren entre 30 y 60 días, para bajar los costos de la garantía". Según su visión, "ya que traemos este sistema de garantías desde el exterior, también deberíamos avanzar en esa dirección, ya que actualmente tardan entre seis meses y un año".

Otro de los puntos en cuestión sería el plazo mínimo del contrato de locación, previsto en tres años, no fue bien recibido por el sector inmobiliario pero estarían dispuestos a aceptarlo, mientras que la obligatoriedad de registrar los contratos en AFIP pasará a ser opcional "en pos de obtener beneficios y certificaciones fiscales", explicaron desde la Secretaría de Vivienda.

El proyecto de Ley de alquileres original plantea lo siguiente

1) Vigencia de los contratos

El artículo 5° del proyecto sostiene: "El contrato de locación de inmueble, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considerará celebrado por el plazo mínimo legal de tres años en locaciones destinadas a vivienda y de dos años para cualquier otro destino". Actualmente los contratos de alquiler habitacional se celebran a dos años.

2) Garantías

La iniciativa regulará una de las cuestiones que más dificultades presenta para los inquilinos: la garantía. El texto exhorta a los propitarios a aceptar alguna de las siguientes variantes: garantía real, aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos (recibos de sueldo) o garantía de fianza.

3) Actualización del precio de alquiler

El artículo 12° prevé que para el reajuste semestral se utilizará "un índice conformado con IPC y el coeficiente de variación salarial". De esta manera, tendrá que seguir la evolución de la inflación y del sueldo promedio de los empleados, para evitar desfasajes entre lo estipulado en el contrato y el ritmo de precios y salarios.

4) Registración ante AFIP

La nueva norma propuesta implicará que los contratos de alquiler sean registrados ante la AFIP. "Sólo los contratos de locación registrados serán oponibles a terceros, contarán con fecha cierta y podrán ser utilizados como instrumentos válidos para el inicio de acciones judiciales", sostiene el proyecto.

5) Costos inmobiliarios

Tal cual lo sostiene la ley de alquileres aprobada por la Legislatura porteña, el costo de las comisiones a pagar a las inmobiliarias deberá ser afrontado por el propietario, junto con los gastos de certificación de firmas "y cualquier otro en el que incurriere el intermediario a efectos de perfeccionar el contrato", dice la ley.