Deforestó once mil hectáreas: la justicia le dio una condena

SALTA.- Se trata de un terreno en el Departamento San Martín, por el cual el productor agropecuario Juan José Karlen fue condenado por “desobediencia judicial”.

A la sentencia, impulsada por el fiscal penal Pablo Cabot, le siguió una demanda civil millonaria que tras una compleja conciliación homologada por la jueza Claudia Yance, permitirá recuperar el bosque deforestado 

El plan de reforestación acordado con Karlen, busca efectividad ecológica y social en las recomposiciones ambientales. El hombre cedió las 11 mil hectáreas desmontadas clandestinamente (superficie equivalente a la mitad de la extensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y convino con la Procuración General un plan de recomposición ambiental que abarcará toda la finca y se extenderá en el tiempo por 30 años.

Se calcula que se va a plantar de 200 a 245 árboles nativos por cada hectárea, como así también una importante inversión en materia social, la que incluye a miembros de comunidades aborígenes y criollos.

En caso de que Karlen viole el acuerdo, la finca quedará afectada hasta su total recomposición natural como área protegida privada.

Cabe recordar, que los estudios periciales habían determinado que el bosque de la finca, previo al desmonte, presentaba una “densidad Arbórea de 245 ejemplares por hectárea y un Área Basal de 10.7 m2/ha. Considerando estos parámetros y respecto a los valores de referencia del Bosque Chaqueño Occidental (Balducci y Eliano; 2012), se puede decir que estaba clasificado como en estado BUENO”.

La condena para José fue de seis meses de prisión condicional impuesta a Karlen por el delito de desobediencia judicial.

El proceso penal iniciado con posterioridad a una multa administrativa hoy judicializada, fue impulsado por el entonces fiscal penal 1 de Tartagal, Pablo Cabot. La sentencia penal en tanto, fue dictada por la jueza Azucena Vázquez de la Sala II del Tribunal de Juicio el 2 de octubre del año 2015.

Karlen propuso afrontar mejoras ambientales y sociales con producción sustentable y reconocimiento de derecho a los puesteros y comunidades, la jueza habilitó el proceso de conciliación, en el cual se buscó que las partes llegasen a un acuerdo.

La idea central del acuerdo tiende a favorecer la reforestación con bosque nativo, desestimando el cultivo de granos como la soja, por ejemplo, asunto que fue claramente expuesto por la Procuración y la Fiscalía en las tratativas.

En septiembre de 2017, sin embargo, Karlen cedió sus pretensiones y accedió a devolver un bosque amarillo con inclusión social según los intereses reales del lugar. En vista de ello, se redactó el proyecto de acuerdo homologado, en el cual se alcanza no sólo las más de 11 mil hectáreas, desmontadas y motivo del litigio, sino la superficie total de las dos matrículas que componen la propiedad, con un total de 16.600 hectáreas, parte de la cual podrá eventualmente pasar a manos de los puesteros.

El lapso de ejecución consta de 30 años. Se estableció cumplir con un stock mínimo de 120 mil plantines de bosque nativo, diversificado con especies de la zona, el que deberá mantenerse hasta asegurar con el paso de tiempo la efectividad del plan de recomposición ambiental.

Asimismo, y según los sectores delimitados, se acordó la plantación y cuidado de entre 200 a 245 ejemplares de árboles nativos por cada hectárea. Se contempló el avance en la plantación de pastura bajo monte y cultivo de granos para llegar, con un bosque más maduro, a la incorporación de ganado según el cumplimiento y certificación oficial previa de los objetivos ambientales.

Toda la tarea y auditorías deben ser pagadas al Estado por Karlen, bajo apercibimiento de rescisión, intervención judicial y declaración de área protegida de la finca.

Se convino la participación e integración de comunidades aborígenes y familias que ya habitan los distintos parajes de la finca. Su capacitación en materia ambiental deberá ser asumida por Karlen, como así también tendrá a su cargo las mejoras de las viviendas y servicios básicos de luz, agua potable y saneamiento de los puestos, el acondicionamiento y libre acceso a los caminos de acceso a cada puesto.

Se incluye la capacitación e incorporación de personal local a las tareas de reconversión productiva (tales como cuadrillas de recolección de semillas, plantines, actividades de regeneración y/o reforestación y plantado, etc.).

Además, se reconoce la posibilidad de uso tradicional y circulación de las Comunidades Indígenas en las áreas Rojas de alto valor de conservación establecidas a ese efecto, para lo cual se diseñaron con una estructura de conectividad ecológica y social.

Por el lapso de 30 años, se realizarán controles cada cinco años por parte de profesionales del INTA, y al final del proceso, la aprobación definitiva estará en manos de un perito sorteado de la Corte de Justicia de Salta.

Por otra parte, Karlen asumirá con sus propios recursos las demandas de eventuales acreedores, debiendo desembargar la finca a fin de garantizar con ello el normal proceso de recomposición previsto. Esta experiencia revierte la tendencia judicial argentina, logrando un juicio y condena penal por un desmonte ilegal y una recuperación efectiva de bosques desmontados de manera forzosa, como respuesta a la insistida inefectividad de las ejecuciones de sentencias en casos ambientales grandes y complejos que obtuvieron sentencias hasta la fecha.