Judicializar la política para descalificar a un adversario

SALTA.- El reciente allanamiento a las oficinas del Centro Cívico Municipal revitaliza un debate relacionado a las prácticas políticas en épocas de campaña. Porque la primera pregunta que surge está relacionada a la oportunidad en que se realiza este procedimiento ¿Justo ahora, en el momento en que la campaña política enciende todas sus luces?

Y a renglón seguido cabe otra pregunta; ¿Nada menos que en la Municipalidad cuyo intendente es el candidato con mayor proyección para ganar la gobernación?

Son dos interrogantes  que encuentran sus posibles respuestas, primero, en el hecho de que el intendente Gustavo Sáenz se perfila como el candidato con mayores posibilidades de alcanzar la gobernación, según revelan las mediciones que lo ubican con altos porcentajes. Por otro lado, su administración ha superado por lejos a las anteriores demostrando que la capacidad de gestión y de trabajo logran resultados superiores. 

Desde que Gustavo Sáenz asumió la intendencia de la Capital, ésta ha renovado su fisonomía y los salteños han podido comprobar que el dinero se invertía en obras que recuperaron importantes espacios. Las calles en sus puntos más deteriorados han sido hechas a nuevo y no parchadas, el micro centro fue renovado incluyendo una importante obra de canalización, lo mismo que la acción en barrios donde antes nunca se había el paso del progreso. 

Se podría además agregar el carisma político de Sáenz que ganó rápidamente la adhesión popular, demostrando en estos años que continúa siendo aquel mismo militante que recorría los barrios, dándose sin reservas con los vecinos, improvisando un zamba o compartiendo una reunión. Las encuestas, precisamente, recogen en números la personalidad de un político que encarna lo que se define como liderazgo. 

Sin embargo, todo ese trabajo se complementó con una campaña mediática iniciada a partir de un procedimiento ordenado por AFIP con el resguardo de Fuerzas de Seguridad que irrumpieron en las oficinas del Centro Cívico Municipal ejecutando una orden de secuestro cuando ese trámite podría haberse resuelto con un simple requerimiento de información al municipio sobre actividades de particulares que el organismo fiscal venía investigando. 

La ejecución de una medida en un marco de espectacularidad, antes que formular un requerimiento de información, pareciera estar orientado a generar dudas sobre el comportamiento de las cuentas públicas municipales, más que a investigar los elementos probatorios que se buscaban, además de vulnerar la autonomía municipal, avasallando los límites establecidos por la Constitución Nacional y Provincial. 

Quienes están investigados por la AFIP son particulares, que por su actividad tienen relación contractual con el Municipio Capital, sin embargo, la divulgación de los procedimientos en los estudios y empresas no ha tenido la difusión que se ha dado en el caso del CCM, demostrando nuevamente que en Salta parecieran existir intereses enquistados que obran desde todos los espacios de los Poderes republicanos dispuestos a no permitir el crecimiento de nuevos líderes políticos, en lo que resulta una prueba, de que cuando no se puede alcanzar al otro hay que destituirlo de alguna manera. 

Es una enfermedad crónica del lugar donde el “carpetazo” es el último y desesperado recurso de aquellos que carecen de la mística, de la capacidad y sobre todo del favor popular para alcanzar una magistratura.

Por Horacio Carranza