Prisión preventiva para Marcelo D'Alessio

ARGENTINA.-Marcelo D'Alessio es el abogado que está acusado de asociación ilícita por extorsión al empresario agropecuario Pedro Etchebest, quien denunció que le exigió U$S 300 mil en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli para desvincularlo a la causa de los cuadernos de las coimas.

Hace instantes, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a D'Alessio y, además, lo embargaron por diez millones de pesos.

"Corroborada la relación entre Stornelli y D'Alessio y sus características, más allá de la necesaria continuidad de la investigación, entiendo que –al menos por el momento- se ha constatado que existen maniobras puntuales que revisten una gravedad institucional mayúscula que no es posible pasar por alto, en las que se constata la participación directa del fiscal", sostuvo el fallo.

El abogado fue procesado con prisión preventiva "por encontrarlo prima facie penalmente responsable del delito de asociación ilícita en carácter de miembro en concurso real con el delito de extorsión en perjuicio de Pedro Etchebest en carácter de coautor". 

En la resolución el fiscal indicó que "de acuerdo a la documentación secuestrada D'Alessio llevaba a cabo operaciones de inteligencia y en particular 'operaciones psicológicas' sobre varios ciudadanos que luego eran extorsionados o coaccionados para decir o hacer algo contra su voluntad".

Para el magistrado es un "particular agravante" del riesgo procesal "la cantidad de armas y equipos vinculados a las fuerzas de seguridad que se hallaron en su vivienda: armas sofisticadas, municiones, balizas policiales, chalecos antibala, brazaletes de la P.F.A. o logos de la P.S.A., equipos de grabación 'ocultos', etc., es decir, instrumentos propios de una fuerza policial nacional con el aditamento que el imputado no pertenece – desde lo formal- a ninguna de ellas".

Además, indicó que para este fin "obtenía un 'perfil psicológico' de la víctima y una 'carpeta' de datos personales, en algunos casos generaba empatía, y luego utilizaba la información de la que disponía a partir de las tareas de investigación previas que se habían realizado sobre la persona, y lo 'ponía en emergencia' o 'hacia entrar en pánico' –utilizando los términos del propio D'Alessio- para que finalmente declarara de un determinado modo, se transformará en un colaborador o entregara dinero".

El denunciante dijo en su presentación que el pasado 8 de enero D'Alessio viajó con él a Pinamar donde se encontraría con Stornelli en una confitería del balneario "CR". En el lugar, según Etchebest, se convino el monto a entregar "300"- de acuerdo un manuscrito que, según el empresario, D'Alessio le atribuyó al fiscal de la causa de los cuadernos- que estaba en el lugar pero no participó de la conversación. De acuerdo a la presentación el acuerdo habría quedado sellado cuando Etchebest se cruzó con Stornelli (que le había sido presentado por el indagado) y se dieron la mano, pero D'Alessio dijo que el encuentro fue por casualidad.

"También se han comprobado otro tipo de operaciones ilegales, de 'ablande', 'carpetazos', 'ardides con cámaras ocultas', etc.; que se complementan –como se ha verificado en muchos casos- con acciones de investigación previa sobre la víctima, en los que se averigua cómo está compuesta su familia, cuáles son sus antecedentes laborales y personales, sus viajes al exterior, sus registros de comunicaciones telefónicas, los procesos judiciales que tienen en su contra, y los problemas y dificultades que padecen; esa información es la que "el servicio" tiene a su disposición para el desarrollo del plan de acción", indicó.

El magistrado dijo que la presunta asociación ilícita integrada por D'Alessio practicó, ente otros delitos, "la extorsión, la coacción, el falso testimonio, el encubrimiento, el incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre muchos otros".

Ramos Padilla determinó que "sólo de momento se ha comprobado que la asociación ilícita realizaba distinto tipo de operaciones mediante intimidaciones, amenazas, simulaciones, contactos y relaciones con funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia orgánicos o inorgánicos y funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal".

"Todos esos posibles delitos –los que podrían concursar materialmente entre sí- así como sus características, no sólo acrecienta la expectativa de pena sino que resulta determinante para concluir que -de recuperar la libertad- el imputado intentará eludir la acción de la justicia y/o entorpecer la investigación que deberá proseguir su curso en orden a los demás delitos y partícipes", argumentó. "A lo largo de este proceso se ha dado cuenta de las conexiones que esta asociación tenía con diversos funcionarios de los distintos estamentos del estado, en especial con miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, como también funcionarios de la justicia", indicó.

La semana pasada el detenido abogado despegó al funcionario judicial, del que dijo que "no tiene nada que ver" con el pedido denunciado por el empresario. Declaró además que le hicieron "una cama", que fue víctima de "una operación" y que un "alto directivo" de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le había encargado que averiguara "de dónde venía la plata" para el pago de "retornos" durante el gobierno anterior, supuesta investigación a la que se refirió como "la ruta inversa del dinero K".