España despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido

MUNDO (Redacción Voces Críticas) La eutanasia ya es ley en España, y abrió un debate mundial. Esta mañana, el Parlamento de la "Madre Patria" aprobó definitivamente la ley que despenaliza la eutanasia y el suicidio asistido. De esta forma se transformó en uno de los pocos países en el mundo que permitirá a un paciente incurable recibir ayuda "para morir y evitar su sufrimiento".

Los argumentos de esta legislación están atados a la dignidad de las personas. Acceder a la eutanasia en el país europeo contempla la administración por parte de personal médico de una sustancia mortal, y el suicidio asistido, por el cual la persona se encarga de tomar la dosis prescrita. En este sentido, la norma prevé que toda persona con "enfermedad grave e incurable" o padecimiento "crónico e imposibilitante" pueda solicitar ayuda para morir y así evitarse "un sufrimiento intolerable".

También se imponen estrictas condiciones. La normativa prevé que la persona de nacionalidad española o residente legal, sea "capaz y consciente" al hacer la petición, que debe formular por escrito "sin presión externa" y repetir 15 días más tarde. La legislación recibió la luz verde en Diputados con 202 votos a favor, de la izquierda, centro y regionalistas; 141 en contra, de la derecha y la extrema derecha, y dos abstenciones.

De acuerdo a la información difundida a través de las agencias de noticias, la ley de eutanasia y sucidio asistido, entrará en vigor después de una moratoria de tres meses y convertirá a España en el cuarto país europeo que permite la muerte asistida, los otros son Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En América, solo Canadá y Colombia, que la acepta, aunque no tiene legislación al respecto. Otro país que cuenta con legislación al respecto es Nueva Zelanda.

Los médicos pueden rechazarla

Esta nueva ley española considera que el médico siempre podrá rechazarla si considera que no se cumplen los requisitos, y debe ser aprobada por otro médico y por una Comisión de Evaluación. En tanto, cualquier profesional de la salud puede alegar "objeción de conciencia" para negarse a participar en el procedimiento, cuyo costa estará a cargo de la salud pública.