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La Justicia definió el destino de los empleados del Registro Civil acusados de fraude

Fueron apodados como la banda de "Los intocables"

La Justicia definió el destino de los empleados del Registro Civil acusados de fraude

SALTA (Redacción Voces Críticas) El pasado 8 de abril allanaron las oficinas del Registro Civil de Salta, y se llevaron a seis personas detenidas. Fueron apodados como la banda de "Los intocables", y se los acusa de vender partidas de nacimiento, actas de matrimonio y defunción. Entre los detenidos, había una persona con discapacidad. 

A solo dos días de ese procedimiento que se llevó a cabo en plena siesta en la sede del organismo en calle Almirante Brown, la Justicia determinó que los detenidos gocen de prisión domiciliaria, mientras se sigue el curso de la investigación. Fue el Juez Ignacio Colombo, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2, quien determinó el destino de "Los intocables". 

El magistrado, argumentó que los empleados del Registro Civil no representaban un riesgo procesal para la causa. Sin embargo, lo que omitió el magistrado, fue la notificación de su decisión, ante la Fiscalía correspondiente. Este grupo delictivo está integrado por los abogados Marcelo Gerardo Romero, Sub-Director del Registro Civil, y Aldo Daniel Gomez, Asesor Legal; junto a los empleados de archivo Mauro Cristobal Paz y Jose Daruich, además del permisionario de estacionamiento medido Jose Waldo Mercado.

Modus operandi

Estos trabajadores del Registro Civil fueron sorprendidos en medio de un procedimiento que se llevó a cabo cuando desarrollaban sus tareas en el organismo. Previamente, hubo una intensa investigación del CIF que comprobó el accionar de la banda, relacionada con fraude a la administración pública, exacciones ilegales agravadas y asociación ilícita.

Las investigaciones determinaron que cuatro funcionarios públicos con altos cargos, en conivencia con un discapacitado permisionario captaban ciudadanos para la venta de actas de matrimonio, de nacimiento y defunción. De igual manera comercializaban los tramites oficiales y excentos de pagos a kioscos aledaños.

Todo esto, determinó que la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio solicitara los correspondientes allanamientos y la detención de las cinco personas. Fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y concusión -en un número indeterminado de hechos-, en concurso real y en calidad de coautores.

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