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Dirigentes gremialistas tramitaban beneficios sociales, y exigían un pago mensual de esos fondos

Pertenecen a la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta

Dirigentes gremialistas tramitaban beneficios sociales, y exigían un pago mensual de esos fondos
Por Redacción Voces Críticas
lunes 10 de mayo de 2021

SALTA (Redacción Voces Críticas) Durante un juicio abreviado, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta condenó a tres dirigentes de la Asociación de Trabajadores Rurales y Estibadores de Salta (ATRES) por el delito de defraudación a la administración pública.

Modus operandi

Según se informó, la intervención de la fiscalía empieza tras una denuncia radicada por algunos damnificados en la comisaría 14, de Rosario de Lerma, a la que más tarde se sumaron otras realizadas ante Gendarmería Nacional. Fue en ese momento que salió a la luz que desde julio del 2020 los tres hombres se dedicaban a captar a personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de tramitar beneficios sociales del Estado Nacional, más precisamente el Salario Social Complementario.

De esta manera, a cambio de dichas gestiones, los dirigentes exigían un pago mensual de $1.000 de esos fondos estatales, en tanto que en otros casos se quedaban con la totalidad de dos salarios; en ese entonces de $8.500. Asimismo,  quienes recibían -a medias- estos beneficios, eran obligados a realizar tareas para la asociación sindical.

Según precisó la fiscal subrogante, “debían prestar tareas laborales varias, desde atender la sede de la asociación, hacer empanadas para la venta y vender rifas -caso contrario eran obligados a comprarlas ellos mismos-, hasta participar de actos políticos y realizar campañas de afiliación”.

No obstante, si no cumplían con esas tareas, se los amenazaba con perder el subsidio así como el bolsón de alimentos; para ello, bloqueaban las tarjetas de cobro.

Temor latente

Cuando la fiscalía comenzó a intervenir y entrevistarse con los damnificados, notaron que muchos se resistían a declarar por temor a perder sus subsidios, “lo que evidencia el efecto de la violencia moral que se ejerció sobre ellos por parte de los dirigentes gremiales”.

Recolección de pruebas

Con pruebas en manos, la fiscalía solicitó una serie de allanamientos y la detención de los tres dirigentes, sobre quienes el 9 de septiembre de 2020 se formalizó la investigación penal por el delito de defraudación a la administración pública.

De esta manera, en esta jornada, los acusados recibieron penas de tres, dos y un año de prisión de ejecución condicional, como autor, partícipe necesario y secundario del hecho, respectivamente. Asimismo se impuso el pago de una suma de dinero en materia de reparación del daño y reglas de conducta, entre ellas, fijar residencia, someterse al control del Patronato de Liberados y no tener contacto con las víctimas de la maniobra fraudulenta.

Los tres tendrán que pagar 489 mil pesos, suma en la que está incluida la devolución del dinero que percibieron mediante engaños de los beneficiarios damnificados, para quienes se estableció un pago resarcitorio de 5 mil pesos para cada uno.

Finalmente la fiscal informó que se acordó el pago de otros 211 mil pesos, dinero que será destinado a un puesto sanitario en la localidad de Rosario de Lerma, dado que las personas afectadas por estas maniobras pertenecen a ese municipio.

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