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El Gobierno nacional volvió a sorprender por su cambio de posición acerca de Nicaragua

Ayer había decidido retirar a su embajador del país centroamericano.

El Gobierno nacional volvió a sorprender por su cambio de posición acerca de Nicaragua

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional volvió a sorprender por su cambio de posición acerca de Nicaragua. Ayer había decidido retirar a su embajador del país centroamericano. Pero hoy no firmó una declaración en la ONU que exige elecciones libres en la nación a la que el mundo entero repudió la detención de opositores por parte del régimen sandinista.

En ese sentido, la administración nacional decidió ahora no apoyar una declaración que también exige la liberación de los opositores detenidos. De esta manera, la Argentina adoptó un camino indescifrable frente a los atropellos del régimen sandinista en Nicaragua. La semana pasada se abstuvo en una votación realizada en la Organización de Estados Americanos (OEA) para condenar la detención de opositores por parte del régimen de Daniel Ortega.

Cabe recordar que en el día de ayer, en lo que parecía ser un giro en su política exterior, el Gobierno nacional llamó en consulta a su embajador en una estrategia geopolítica conjunta con México. Y este martes dio un paso en dirección contraria debido a que no firmó una declaración en la ONU para exigir elecciones libres y justas en el país que se ubica en Centroamérica.

Al respecto, cincuenta y nueve países rubricaron hoy una declaración conjunta en la que se condena la violación de los derechos humanos en Nicaragua e instan a esa gestión encabezada por Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y liberar de manera inmediata a los candidatos presidenciales arrestados en los últimos días por el régimen que comanda. México y Argentina no rubricaron el comunicado.

El antecedente de Venezuela

El documento será leído una vez que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lea su informe acerca del país centroamericano. La no intervención en asuntos internos de los Estados es usada por el Gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández como una explicación para no condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

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