Se conoció el modus operandi de los gendarmes contrabandistas y la Justicia tomó una decisión

SALTA (Redacción Voces Críticas) Un escándalo de grandes proporciones salpica a la Gendarmería Nacional. Es que tres de los integrantes del Escuadrón 54 de Aguaray fueron imputados por contabando de granos, luego de varios allanamientos que se produjeron el pasado 7 de julio. Ahora, confirmaron la prisión preventiva del comandante de Aguaray.

Identificado como Marciano Alberto Páez, está acusado de cometer el delito de tentativa de contrabando de exportación en concurso real con cohercho por su condición de funcionario público. A pesar de los intentos denondados de su defensa por sacarlo de prisión, sus argumentos no conmovieron al Tribunal de Revisión y permanecerá tras las rejas. La misma acusación pesa sobre el alférez Diego Ernesto Radaelli y el Sargento Rodolfo Ayata, todos del escuadrón de Aguaray.

En esta primera audiencia en la que se formalizó la acusación penal contra los gendarmes contrabandistas el fiscal general Eduardo José Villalba hizo efectiva la imputación sobre los integrantes de las fuerzas, como así también sobre el propietario de una finca colindante con Bolivia, ubicada en Campo Durán.

Para entender este entramado delictivo de los gendarmes, Villalba, junto a la fiscal Rozana Gual, explicaron al juez Montoya las maniobras desplegadas por los cuatro acusados, consistentes en el cobro de un peaje a los transportistas de granos que llegaban a la zona y buscaban pasar a Bolivia, sin contar con la documentación en regla.

Roles de los acusados

Esta banda delictiva integrada por los gendarmes tenían roles bien definidos. El finquero era el primer nexo con los camioneros, quienes luego de pagar sumas que oscilaban entre los 150 y 200 mil pesos, avanzaban hacia la frontera con la cobertura especial que les brindaban Páez y sus subalternos, quienes liberaban la zona para el paso ilegal de los transportistas.