|DIMES Y DIRETES|Rosario de la Frontera: el feudo medieval del denunciado intendente Solís

ROSARIO DE LA FRONTERA (Por Franco Alvarado para Voces Críticas) El intendente de Rosario de la Frontera, Gustavo Solís,  ostenta galones que ninguno en esta camada de alcaldes ha logrado. Ser denunciado ante la Auditoría General de la Provincia por una cantidad de supuestas irregularidades que se detectaron durante una auditoría realizada en 2018 sobre las cuentas de ese municipio.

Esta denuncia vino a ser la rúbrica de un “rosario”, precisamente, de denuncias que ya había efectuado en un hecho insólito, el diputado por ese Departamento, Gustavo Orozco, quien en plena sesión no dudó en afirmar que allí gobernaba alguien que era poco menos que un delincuente pidiendo públicamente la intervención del municipio.

Gustavo Solís, intendente de Rosario de la Frontera

Entre las denuncias que desgranó Orozco, se contaba el cobro de planes sociales con recibos que exhibían firmas distintas y cuyos montos en realidad habrían ido a parar al bolsillo del dicho intendente. Todavía más, se habló del caso de personas que cobraron esos panes sin haber trabajado nunca en la municipalidad sino “en la finca del suegro de Solís en la provincia de Tucumán”, agregó Orozco.

El tema no fue menor porque habrían sido casi un centenar de personas cuyos DNI fueron fotocopiados que habrían “cobrado para Solís”. La maniobra surgió a partir de la difusión de un audio en al cual “la voz de Solís es inconfundible”, diría Orozco.

Como suele ocurrir con muchos municipios los pedidos de informes no se realizan y nadie “sabe ni contesta” sobre esta acusación de cobro indebido que habría sido ordenada por propio Solis a sus sicarios para que den de alta a esos planes “truchos”.

Cuando se habla de sicarios es porque ya se ingresa en el tenebroso terreno de las actitudes mafiosas, porque siempre al decir de Orozco, el intendente habría ordenado “apretarlo” y utilizar la prensa local adicta para difamar la figura del diputado.

Acusado penalmente

Si algo marca una diferencia entre una denuncia pública como la de Orozco que pudiera haber sido calificada de política y una semiplena prueba de que el intendente Gustavo Solis habría cometido las irregularidades que se le adjudican es la denuncia de la Auditoría General de la Provincia que expresa que “están facultados e incluso obligados a denunciar en caso de que exista “alguna posibilidad de delito”.

En ese orden, el Auditor, Mariano San Millán supo expresar que “se encontraron “cuatro casos específicos” que denotan irregularidades.”, como la contratación con una empresa ejecutada anteriormente sin llamado a licitación con pago de certificados por adelantado, algo que resulta insólito.

Como si fuera poco, estas operaciones estaban datadas con facturas de distintos montos pero con la misma numeración lo cual lleva a pensar en una duplicación contable, que además muestra la irregularidad de haber sido entregados los valores en mano para borrar toda huella de trazabilidad bancaria. Más irregular, imposible.

Otro caso es el una empresa hormigonera de Rosario de la Frontera catalogada por la AFIP como persona jurídica que utiliza facturas apócrifas con lo cual además se ingresa en el terreno de la evasión fiscal.

Desde planes truchos hasta empresas fantasmas, la intendencia de Rosario de la Frontera exhibe un muestrario de anomalías administrativas que en términos de confianza pública la convierte en un proyecto político inviable.

Un intendente puede no ser eficaz en su función porque llega y no puede maniobrar correctamente un Ejecutivo, para eso está el Concejo Deliberante, buenos asesores incluso; pero cuando un intendente ingresa en el terreno de la calificación penal esto resulta siempre un asalta a la confianza del vecino.

Como dice el viejo dicho: “La mujer del César no sólo debe ser honesta sino además parecerlo”.