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Créditos Prendarios: “Seguimos esperando que en Salta alguien aplique la Ley Nacional de los Consumidores”

El defensor de los perjudicados por planes de ahorro,  Rubén Quispe, manifestó además que la Jueza que llevaba adelante el caso en la demanda colectiva se declaró incompetente

Foto: Planes de ahorro. Fuente: Twitter

 

 

SALTA (Redacción Voces Críticas) Luego de conocerse que la Dra. Ibáñez de Áleman se declaró incompetente para llevar adelante demanda colectiva de los damnificados por planes de ahorro, Voces Críticas dialogó con Rubén Quispe, referente del sector, quien se volvió a mostrar decepcionado por lo sucedido.

El referente del sector manifestó: “Básicamente, por el momento la renovación en el Boletín Oficial de lo que corresponde a la Inspección General de Justicia, las trabas las seguimos teniendo nosotros en el sistema ordinario judicial, por lo que se declaró incompetente la Dra. Ibáñez de Áleman, nosotros seguimos encausados con el amparo ante la Suprema Corte, estamos esperando que se expida respecto a la situación de más de 7 mil damnificados en la provincia". 

Rubén Quispe sostuvo: "En cuanto a las demandas individuales están saliendo las sentencias favorables, hace poquito tuvimos la primera sentencia favorable. Estamos yendo por buen camino. Hemos demandado los daños constituidos en diferentes aspectos que han sido comprobatorios, la colectiva tiene el mismo formato y también es comprobatorio pero el problema con la colectiva es que hay un grupo que no identifican los mismos ingresos salariales y quizás por esa cuestión la Jueza trató de apartarse, no quisiera pensar que hay intereses personales. Nosotros necesitamos que en Salta haya alguien que aplique la ley nacional de los consumidores que tenemos en el país, eso es lo que estoy presentando en la Cámara de Diputados de la Provincia y en el Congreso Nacional”.

Asimismo, Rubén Quispe  le reclamó al Estado Nacional eliminar de raíz este tipo de planes: “Hoy un portador de un plan de ahorro necesita un ingreso salarial de 200 mil pesos para no caer en la indigencia, porque ese vehículo demanda la cuota y el consumo notable del mes, el Estado Nacional ya tiene que sacar a este sistema de créditos del país y dejarlo sin funcionamiento, tendrían que financiar a los ahorristas a través de algún crédito especial que venga de participaciones, el Estado saca muchísimos créditos de participaciones del Ministerio de Producción y otros organismos, así que no es imposible". 

Rubén Quispe agregó: "No nos olvidemos que a través del financiamiento de un plan de ahorro también es la referencia del precio de costo de revista, entonces no tenemos que dejar que el fabricante administre y termine cobrando estos planes, porque la deslealtad comercial siempre está vigente, entonces hoy el administrador dice que el auto vale un millón pero mañana 2 millones, y él te lo cobra a dos millones porque vos tenés un contrato firmado y te terminás convirtiendo en un rehén de la situación. Está mal hecho, no puede ser que no se puedan devolver los vehículos para poder rescindir estos planes”.

Por otro lado,  Rubén Quispe hizo hincapié en que estos planes fueron otorgados a la clase trabajadora: “En todo el país habría más de un millón 400 mil ahorristas, y en la provincia de Salta más de 7 mil damnificados. La cuota promedio ronda los 60 mil pesos cuando un sueldo promedio en la provincia no supera los cien mil pesos. El plan de ahorro fue vendido a la clase media, media baja, al laburante porque era un sistema de financiamiento para el que no podía acceder a un crédito bancario, entones todas esas cuestiones las tiene que ver y analizar la justicia”.

“En la provincia también se hizo mucha actuación con este tema, porque también la tenemos a la Dra. Pía Saravia que no hizo absolutamente nada por los consumidores cuando ella tiene a cargo la Secretaría de Defensa al Consumidor de la Provincia de Salta, y también está en el medio el Dr. Núñez Burgos que podría haber actuado y trabajado para todos los consumidores, pero ninguna de estas personas quiso dar la cara y es lamentable que tengamos funcionarios de esa categoría, con sueldos que son cinco o siete veces más de lo que gana un banquero, a la Provincia le cuesta muy cargo mantener a estas personas que nada hacen para defender a los consumidores”, cuestionó con dureza  Rubén Quispe.

 

 

 

 

 

 

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