Caso Jimena Salas: podría intervenir un organismo internacional en la investigación

Salta - (Redacción Voces Críticas) El caso por el femicidio de Jimena Salas podría trascender sus implicancias nacionales. En concreto, podría intervenir la Corte Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), luego de una nota que se envió al organismo que depende de la OEA, con sede en Washington.

Dicha solicitud fue enviada por Martín Ariel Caserta, quien era un compañero de las tareas sociales que realizaba Javier Saavedra, el principal implicado en el asesinato de Jimena Salas, en el norte de la provincia. Bajo la defensa del abogado Carlos Antonio Romano, este colaborador del homicida se mantuvo reservado en cuanto al proceso, los apremios ilegales y la violación de las libertades.

Específicamente, esta nota denuncia que hubieron varias irregularidades en la investigación, por lo cual se solicita que especialistas del CIDH elaboren un informe sobre el caso. Este tipo de procedimientos es moneda corriente para el organismo, ya que se acostumbre a reunir pruebas para investigar, de manera oficial, violaciones al a libertad de las personas. Cabe destacar que este tipo de procedimientos está incluído dentro de los acuerdos internacionales que adhiere Argentina.

Este pedido, se basa en supuestas fallas que se cometieron en los procedimientos que procedieron al homicidio de Jimena Salas y, además, en diversos apremios en contra del detenido, quien al día de hoy permanece incomunicado junto a sus dos hermanos. En concreto, se trata de considerar una medida cautelar sobre los pedidos de informes, averiguación, protección y supervisión del procedimiento que se realizó para la detención de Saavedra.

Además, en esta nota también se solicita formalmente una denuncia contra el Estado, para que la medida cautelar tenga lugar y sea pedido. Por otra parte, también se incluyó un perfil completo sobre el trabajo social que Javier Saavedra realizaba en Santa Victoria Este, dentro de la Orden Franciscana.

En concreto, se advierte sobre una "violación a los derechos y libertades", que fueron determinados en la Convención Americana de Derechos Humanos, y de un incumplimiento en la adecuación al orden local, el derecho a la libertad, a la integridad personal, la protección de la honra y dignidad, tortura y apremios ilegales.