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UN GASTO MILLONARIO

PAMI Salta: comenzó el juicio contra los dos funcionarios responsables de direccionar contrataciones

Los acusados solicitaban servicios audiovisuales sin autorización del Estado

PAMI Salta: comenzó el juicio contra los dos funcionarios responsables de direccionar contrataciones

SALTA (Redacción Voces Críticas) El miércoles pasado, en el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Salta, comenzó el juicio contra los dos funcionarios del PAMI Salta, por ser responsables de direccionar contrataciones a servicios audiovisuales y logísticos sin la autorización del Estado. El gasto millonario fue de tres millones de pesos.

Hace unos días, comenzó el juicio contra dos empleados del Programa de Atención Médica Integral de Salta, Claudio Marcelo Palacios y Ricardo Gabriel Coronel. El fiscal Ricardo Toranzos, demostrará que los empleados cometieron el delito de realizar negociaciones incompatibles con la función del Estado y por el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. En este juicio también se condena a Sebastián Gonzalo Villagrán Di Prieto, propietario de la empresa de servicios audiovisuales, por ser partícipe de las negociaciones. 

Recordemos que el caso se dió a conocer por una denuncia anónima que implicaba a los tres acusados. El modus operandi de los funcionarios fue investigado por el fiscal Facundo Mirabella y por personal del MPF. Gracias a las tareas de campo, se obtuvo que tanto Palacios como Coronel eran los que preparaban la documentación necesaria para tercerizar los servicios que luego eran pagados por el Estado nacional. Dichos servicios eran utilizados por el PAMI.

También se descubrió que las empresas que peleaban por las contrataciones, eran siempre los mismos oferentes, pero los funcionarios de PAMI Salta siempre elegían la oferta más baja. En este caso, la tasación más barata era la que ofrecía la empresa de Villagrán Di Prieto. El fiscal del caso pudo identificar que las demás empresas eran falsas ya que presentaban domicilios inexistentes y sus dueños negaban haber ofrecido sus servicios a los acusados.

La investigación implicó la retención de documentos y celulares y allanamientos en las oficinas del Servicio Social. Como así también, se analizaron las intervenciones telefónicas realizadas entre los imputados. En dichas llamadas, Palacios y Coronel hablan sobre las contrataciones y de cómo se iban a repartir entre ellos el dinero que sobraba. Frente a estas pruebas, los acusados se negaron a dar declaraciones.

Mirabella comentó que encontró diálogos entre Palacios y Villagrán Di Prieto. El empresario recibía órdenes del funcionario salteño quien le explicaba cómo debía confeccionar los recibos y que días entregarlos. Finalmente, otro de los investigadores sostiene que Claudio Palacios fue advertido minutos antes del allanamiento e hizo desaparecer su teléfono celular. 

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