Representantes docentes se reunieron con Senadores de Salta para tratar reformas en residencias y traslados

SALTA (Redacción Voces Críticas) En una reunión con miembros de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado de Salta, representantes docentes de las Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina de nivel inicial, primario y secundario plantearon diversas propuestas para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en aspectos clave relacionados con la situación laboral de los docentes

En el caso del nivel primario, se enfocaron en la problemática de las "residencias" y la necesidad de mejorar los controles para verificar los domicilios declarados por los postulantes. Esto es especialmente relevante en zonas fronterizas con otras provincias, donde docentes de una localidad no pueden acceder a un cargo frente a otros que no son de la zona, pero declaran residencia en el lugar.

Para abordar esta cuestión, se acordó trabajar en la reforma de la resolución 1851 para que la residencia mínima sea de 3 años y verificable. Además, se convocará a autoridades del Registro Civil para buscar alternativas de solución a esta problemática.

En cuanto a la Junta de Secundaria, se puso énfasis en la necesidad de trabajar en conjunto sobre el tema de los "traslados". Se presentó un anteproyecto para modificar el artículo 8 de la ley 8.363 de Presupuesto, que propone eliminar la limitación de que las horas cátedra no puedan convertirse en cargos equivalentes ni afectarse al cumplimiento de otras funciones distintas a las propias. 

También se planteó la necesidad de impulsar nuevas carreras de formación docente, destacando el exceso de egresados en educación física y la falta de profesores de física. Los representantes docentes solicitaron la vuelta al Estado de las capacitaciones públicas y gratuitas con puntaje, argumentando que los cursos ofrecidos por el sector privado muchas veces carecen de calidad en sus contenidos.

Por último, se abordaron los problemas internos con los que comenzaron a funcionar ambas Juntas, como la falta de personal, de equipos de trabajo y de infraestructura adecuada, así como el retraso en el nombramiento de los asesores jurídicos que exige la ley.