Alimentos retenidos: la Justicia apunta nuevamente contra Sandra Pettovello y allana el Ministerio de Capital Humano

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En un nuevo golpe a Sandra Pettovello, el juez Sebastián Casanello ordenó un procedimiento en las oficinas del Ministerio de Capital Humano, específicamente en la Secretaría de Niñez, como parte de la investigación sobre la retención de 6 mil toneladas de alimentos adquiridos por el Estado y no distribuidos a comedores comunitarios. La medida se llevó a cabo el 29 de agosto, con el objetivo de obtener documentación y equipos informáticos que puedan esclarecer la gestión de estos recursos.

Durante el operativo que investiga el accionar de la ministra de Capital Humano, la Justicia recabó una serie de elementos clave, entre ellos, el respaldo de la computadora del Director de Logística del ministerio, órdenes de entrega de productos emitidas desde el 27 de mayo, y registros de stock y movimientos de alimentos en depósitos ubicados en Villa Martelli y Tafí Viejo.

También se obtuvo acceso a correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios del ministerio, con el fin de analizar la veracidad de la información relacionada con la distribución de estos recursos.

La investigación se originó a partir de una denuncia penal presentada por Juan Grabois contra la ministra Sandra Petovello, acusándola de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, debido al desabastecimiento de comedores comunitarios. Grabois, en representación de diversas organizaciones sociales, argumentó que la falta de entrega de alimentos había afectado gravemente a las redes asistenciales en barrios vulnerables.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano ha rechazado las acusaciones, argumentando que las irregularidades en la distribución de alimentos se deben a la existencia de "comedores fantasma", lugares que recibían recursos de manera fraudulenta sin cumplir su función social. Según el gobierno, desde el inicio de la gestión actual, se ha priorizado la transparencia en la administración de recursos, optando por transferencias directas a las familias vulnerables para evitar la intermediación en las políticas sociales.

El ministerio calificó el operativo judicial como "sorpresivo e injustificado", afirmando que han cumplido con todas las solicitudes del juez Casanello hasta la fecha. Además, presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, argumentando que el Poder Judicial no debe interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas, una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.

La causa continúa en curso, mientras la Justicia analiza si hubo una gestión indebida de los alimentos, que incluyen más de mil toneladas de leche en polvo y 4 mil toneladas de harina de maíz, entre otros productos esenciales para familias en situación de vulnerabilidad. Informa Voces Críticas.