Ley Lucio: el Gobierno desfinanció esta normativa que busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La reciente comparecencia de la secretaria de Niñez, Familia y Adolescencia, Yanina Nano Lembo, ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados reveló una decisión controvertida del Gobierno: la falta de financiamiento para la Ley Lucio.

Esta normativa, aprobada en 2023 y diseñada para prevenir y detectar la violencia contra niños, niñas y adolescentes, no ha recibido asignaciones presupuestarias para 2024 ni 2025, lo que ha generado críticas por parte de los legisladores. Según la funcionaria, la ley fue desfinanciada porque se considera una “política ideologizada”, lo que dejó perplejos a varios diputados presentes.

Esta ley surgió como respuesta al brutal asesinato de Lucio Dupuy en 2021, un caso que conmocionó al país. El proyecto busca capacitar a funcionarios públicos para identificar signos de violencia en niños y adolescentes, con el objetivo de evitar tragedias como la que sufrió Lucio.

Aunque fue la Ley Lucio aprobada por unanimidad en el Congreso, su implementación parece estar bloqueada por la falta de recursos. Esta situación es vista por muchos como una contradicción, dado que el propio Gobierno ha incrementado el presupuesto de la Secretaría en un 43% para el próximo año, alcanzando los 4 billones de pesos.

En su intervención, Nano Lembo intentó defender la postura del Gobierno de priorizar el apoyo directo a los sectores más vulnerables, pero no pudo dar explicaciones claras sobre el recorte de los fondos destinados a políticas sociales fundamentales, como los módulos alimentarios y los programas de asistencia para jóvenes sin cuidados parentales. Tampoco hubo respuestas sobre por qué otras leyes de protección, como la Ley Brisa, que brinda ayuda a hijos de víctimas de femicidio, también quedaron fuera del presupuesto.

La decisión de desfinanciar la Ley Lucio fue recibida con indignación por varios legisladores, quienes señalaron que la falta de recursos pone en riesgo la protección de los derechos de los niños, especialmente en un contexto donde 7 de cada 10 menores viven en la pobreza. A esto se sumaron otros reclamos, como la ausencia de partidas presupuestarias para programas esenciales como las becas Progresar y Conectar Igualdad, agravando la percepción de un ajuste que afecta a los sectores más vulnerables. Informa Voces Críticas.