Robo de rieles en el norte salteño: la oscura red de corrupción que involucra al intendente Atta Gerala

SALTA (Redacción Voces Críticas) El robo de rieles en el ramal C25, que atraviesa el norte de Salta, ha destapado una red de contrabando y corrupción que involucra a figuras políticas locales. La investigación, liderada por el fiscal general Eduardo Villalba, se centra en una estructura de tráfico que estaría vinculada a altos funcionarios, incluido el intendente de Morillo, Atta Gerala.

La Fiscalía Federal presentó nuevas pruebas ante el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, en una audiencia que reveló los detalles de un operativo de allanamiento efectuado el jueves pasado. En estos operativos, coordinados con Gendarmería Nacional y la Dirección General de Aduanas, se detuvo al hijo del intendente de Morillo, José Miguel Gerala, junto a David Edilberto Medina, y se incautaron más de 150 rieles sustraídos de la línea entre Padre Lozano y Coronel Juan Solá. Esta operación es parte de una investigación más amplia que busca desmantelar una red de contrabando de metales que tenía a Bolivia como destino final.

El jueves se realizaron allanamientos simultáneos en diversas propiedades del norte salteño, incluyendo fincas cercanas al río Bermejo y otras áreas de difícil acceso. Además de los rieles, las autoridades decomisaron grandes cantidades de otros metales, armas, municiones y documentos que apuntan a una operación organizada de contrabando. Se presume que el material incautado era transportado por rutas no habilitadas hacia Bolivia, donde era vendido en plantas de chatarra a unos 250 dólares la tonelada.

La investigación no solo ha revelado el modus operandi del tráfico de rieles, sino también la supuesta utilización de maquinaria y personal municipal en la remoción de estos materiales, lo que podría implicar a otros jefes comunales en la causa. La Fiscalía acusa al hijo de Atta Gerala y a David Edilberto Medina de contrabando agravado y robo de rieles, cargos que el juez Montoya ha aceptado, decretando la prisión preventiva para ambos.

Las autoridades judiciales han señalado que Atta Gerala, actual intendente de Morillo, podría estar vinculado a esta red de contrabando. Esta no sería la primera vez que el funcionario enfrenta acusaciones de corrupción; sin embargo, en ocasiones anteriores, la Justicia provincial había dejado pasar varias de estas denuncias. Ahora, con la intervención de la Justicia federal, el proceso podría acelerarse y el panorama cambiar drásticamente.

El caso sigue los pasos de una investigación periodística que denunció el saqueo del ramal C25 y su desmantelamiento sistemático. En aquella ocasión, se reveló que los rieles eran removidos bajo un esquema de documentación falsa que simulaba una donación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a la comunidad wichí de Misión Salim, una fachada que encubría la operación de contrabando.

Virginia Cornejo, directora de Vigilancia y Control de Fronteras, expresó su respaldo a las acciones de las autoridades locales para detener este saqueo de recursos. En este sentido, Cornejo lamentó que estos robos hayan deteriorado la infraestructura esencial para el desarrollo de la región norteña y celebró los avances logrados en los últimos días.

La funcionaria enfatizó que estos hechos no son casos aislados, sino parte de un esquema organizado de saqueo y contrabando que afecta el patrimonio de la región. La sustracción de rieles en el ramal C25 y otras zonas representa una pérdida económica valuada en más de $3.500 millones en infraestructura ferroviaria, elevándose a $5.000 millones si se suman otros metales robados. La Fiscalía y las fuerzas de seguridad aseguran que esta red de tráfico estaba perfectamente organizada, y sus operaciones habrían tenido respaldo en documentos oficiales falsificados. Informa Voces Críticas.