Estafa piramidal en la Policía de Salta: confirman responsabilidades administrativas

SALTA (Redacción Voces Críticas) Un nuevo escándalo sacude a la fuerza policial de Salta, donde 12 agentes fueron hallados responsables de participar en una millonaria estafa piramidal operada por la financiera ilegal "Ríos y Asociados". Entre los implicados se encuentran comisarios y altos oficiales, quienes, a pesar de las investigaciones, siguen en funciones dentro de la policía.

La estafa piramidal, más conocida como el caso "Ríos y Asociados", comenzó en 2021 cuando la supuesta financiera prometió ganancias inmediatas a sus inversores mediante un esquema similar al "Ponzi". A medida que la investigación avanzaba, la Oficina de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Salta descubrió que varios miembros de la policía participaron activamente en el fraude, ayudando a reclutar víctimas y en algunos casos, realizando inversiones propias en la entidad.

El esquema utilizado por "Ríos y Asociados" consistía en prometer rendimientos elevados a cambio de grandes sumas de dinero, utilizando la modalidad de estafa piramidal. En lugar de invertir el dinero, los organizadores, entre los que se encontraba Cynthia Moya, una mujer con antecedentes penales por fraude, lo utilizaban para pagar a los primeros inversores, asegurando así la continuidad del esquema.

El impacto de la estafa fue masivo: más de 200 personas presentaron denuncias por el fraude, y se realizaron varios allanamientos en busca de los fondos desviados. Durante estos operativos, se incautaron vehículos, contratos falsificados, y grandes sumas de dinero en efectivo. A pesar de las pruebas contundentes y la gravedad de los cargos, la causa judicial avanza lentamente, con maniobras legales que buscan dilatar el proceso.

El caso de "Ríos y Asociados" pone en evidencia las graves fallas en el sistema de control interno de la Policía de Salta y plantea interrogantes sobre la existencia de redes de corrupción dentro de la fuerza. Aunque algunos de los agentes han sido considerados responsables administrativamente, la falta de avances en las sanciones definitivas genera desconfianza en la capacidad de las autoridades para abordar este tipo de fraudes, lo que alimenta aún más la indignación pública. Informa Voces Críticas.