Explotación laboral de salteños en Buenos Aires: cuatro de los empresarios eran de Salta

SALTA (Redacción Voces Críticas)  Un repudiable caso de trata de personas con fin de explotación laboral salió a la luz este miércoles cuando la justicia detuvo a varios empresarios que tenían hacinados a trabajadores salteños. El hecho generó indignación y conmoción debido a que las víctimas estaban prestando sus servicios a cambio de condiciones inhumanas de seguridad e higiene. Fruto de este hallazgo, se registraron nuevas detenciones en las que están implicados ejecutivos salteños.

La Dirección General Impositiva (DGI) fue la que estuvo a cargo de la investigación la cual desencadenó en otros allanamientos en Ramos Mejía y Escobar en la que se detectó que dos empresarios salteños estaban implicados en la explotación laboral de sus compatriotas. De inmediato, Carlos Alberto Díaz Chilo y Pablo Gastón Pellegrino fueron detenidos por el delito de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Según pudo determinar la justicia, Díaz Chilo está vinculado a la compra de vehículos utilizados por la organización para realizar la logística y Pellegrino habría invertido una millonaria suma de dinero en los proyectos y facilitado la estructura financiera. Además, otros dos sujetos -un contratista y un arquitecto y capataz- fueron detenidos señalados también de ser los responsables del estado socioambiental y en las condiciones laborales en la que de trabajarban los trabajadores.

Este caso se originó en junio de este año tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Allí, las autoridades policiales constataron que todos estos salteños capturados por esta red de trata de personas con fin de explotación laboral dormían en una pequeña habitación con las condiciones mínimas de salud e higiene. Además, tras los testimonios de los rescatados, se conoció que cumplían con amplias jornadas de trabajo que llegaban a las 16 horas diarias, de lunes a sábado. Como si esto fuese poco, los salarios percibidos eran irrisorios a los servicios prestados. Los albañiles del norte del país recibieron amenazas constantes por parte de estos inescrupulosos con dinero.

Durante la serie de inspecciones en determinadas obras y fincas de los involucrados se confiscaron:

• Armas y municiones: tres pistolas, un revólver calibre 38 y cajas de municiones.
• Dinero en efectivo: más de 28 millones de pesos argentinos, dólares, euros y otras monedas extranjeras.
• Documentación: planos de obra, recibos de pago, registros laborales y elementos relacionados con la obra Delta Center, uno de los proyectos en el  centro de la investigación.
• Vehículos: cuatro automóviles, incluidos modelos de alta gama.

El caso marca un antecedente en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas. Tanto la fiscalía y la justicia federal continúan investigando la causa para identificar posibles cómplices y establecer el grado de responsabilidad penal de las empresas involucradas. Por su parte las víctimas fueron asistidas por el Programa de Rescate del Ministerio de Justicia quien les brindó atención psicológica y orientación judicial. Informa Voces Críticas .