Financiera Ríos & Asociados: piden juicio para los 27 acusados, incluidos funcionarios y policías

SALTA (Redacción Voces Críticas) La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, solicitó la elevación a juicio de 27 imputados, entre ellos 13 efectivos policiales, por su participación en la financiera ilegal Ríos & Asociados. La causa, que investiga estafas reiteradas, falsedad de instrumentos privados y asociación ilícita, involucra 849 hechos delictivos y un monto defraudado que supera los 513 millones de pesos y 510.131 dólares. 

La financiera, que comenzó a operar en junio de 2021 en Metán y luego expandió sus actividades a Salta, captó a numerosas víctimas con promesas de altas ganancias en corto plazo. Los imputados, liderados por Cynthia Elizabeth del Valle Moya, ofrecían inversiones en mercados bursátiles y criptomonedas, utilizando contratos falsos para simular legitimidad. Muchas víctimas entregaron sus ahorros, vehículos e incluso comprometieron sus sueldos, confiando en las promesas de rentabilidad. 

El esquema, identificado como una estafa piramidal o Ponzi, funcionaba utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, manteniendo la apariencia de un negocio rentable hasta que el sistema colapsó. Durante los allanamientos, se secuestraron vehículos de alta gama y otros bienes adquiridos con el dinero defraudado. 

Entre los acusados se encuentran funcionarios públicos y policías, quienes habrían prestado servicios de seguridad a la financiera Ríos & Asociados fuera del régimen institucional, incurriendo en abuso de autoridad. Además, se investiga a María Eugenia Espinosa, jefa de la División Cobranza de la Policía de Salta, por el delito de peculado, al haber sustraído fondos estatales. 

La fiscal Salinas Odorisio destacó la complejidad y organización del grupo delictivo, que contaba con una clara distribución de roles y una estructura estable en el tiempo. Los imputados enfrentan cargos por estafas reiteradas, falsedad documental, asociación ilícita, abuso de autoridad y encubrimiento, entre otros delitos. 

El caso, que ha generado conmoción en la región, sigue en investigación mientras se espera la fijación de fecha para el inicio del juicio oral y público. Mientras tanto, las víctimas reclaman justicia por las pérdidas económicas y emocionales sufridas. Informa Voces Críticas.