El Gobierno evalúa suspender 270.000 pensiones por discapacidad: alegan “domicilios desconocidos”

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) En medio de un fuerte ajuste fiscal, el Gobierno nacional analiza la suspensión de 270.000 pensiones por discapacidad debido a la imposibilidad de verificar el domicilio real de sus titulares. La medida surge de una auditoría en curso llevada adelante por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que depende del Ministerio de Salud, con el objetivo de revisar el universo total de más de 1.000.000 de beneficiarios.

Según fuentes oficiales, la Casa Rosada ya envió más de 550.000 cartas documento con citaciones para validar los datos de los pensionados. De ese total, solo 280.000 personas fueron contactadas de manera efectiva. En contraste, se detectaron más de 220.000 casos en los que no se encontró domicilio y otros 50.000 en los que la documentación no pudo ser entregada por razones como direcciones inaccesibles, rechazos, vacaciones o vencimientos de plazos.

Ante esta situación, el Gobierno evalúa suspender el pago de unas 270.000 pensiones mientras avanza el proceso de control. En paralelo, aún quedan por enviarse más de 110.000 notificaciones adicionales. Desde el oficialismo aseguran que si no se puede corroborar que las personas son efectivamente discapacitadas, las pensiones serán dadas de baja. Se prevé, además, un cruce de datos con la Dirección Nacional de Migraciones para detectar posibles casos de beneficiarios que ya no residen en el país.

Además de la verificación de domicilio, el Gobierno exigirá que cada beneficiario de las pensiones por discapacidad presente un certificado médico oficial, con descripción de la secuela invalidante, historia clínica detallada y estudios complementarios. El proceso de citación comenzó el 1 de marzo de este año.

En el marco de esta revisión, también se derogó la Resolución 187/2025, que regía los lineamientos anteriores. Desde el Ejecutivo explicaron que trabajan en una nueva normativa, con aportes de profesionales del área y organizaciones de la sociedad civil. El titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, deberá presentar ese nuevo marco en breve.

Por otra parte, la oposición presentó en el Congreso un proyecto de ley que declara el estado de emergencia en materia de discapacidad. La iniciativa propone saldar deudas con prestadores de salud, actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas y garantizar un financiamiento adecuado para las pensiones por discapacidad, revisando condiciones de acceso y permanencia. Informa Voces Críticas.