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FRONTERAS CALIENTES

Finca Karina: ordenaron la prisión preventiva a 11 detenidos por contrabando en Aguas Blancas

El fiscal federal Marcos Romero confirmó que los imputados ganaban más de 3 millones de pesos diarios con peajes ilegales y tráfico de mercadería por un valor cercano a los 229 millones mensuales
Por Redacción Voces Críticas
viernes 08 de agosto de 2025

SALTA (Redacción Voces Críticas) La justicia federal dictó la prisión preventiva para 11 personas acusadas de operar una red de contrabando a través de la finca Karina, un paso ilegal en la frontera de Aguas Blancas. Entre los detenidos figura una policía provincial, imputada por asociación ilícita y contrabando agravado. Según la investigación, el grupo movía mercadería ilegal por casi 3 mil millones de pesos al año.

El fiscal Marcos Romero explicó que el operativo se inició en mayo tras detectar un tráfico constante de vehículos y mercadería que cruzaban clandestinamente hacia Bolivia mediante gomones. La finca, ubicada a dos kilómetros del casco urbano de Aguas Blancas, contaba con dos puntos de cobro: uno de 2 mil pesos por vehículo y otro de mil pesos por bulto de mercadería, además de puestos de comida que generaban ingresos adicionales.

Romero detalló que diariamente ingresaban unos 300 vehículos con un promedio de diez bultos cada uno, lo que permitía recaudar alrededor de 3,7 millones de pesos por día, salvo los domingos. La suma total del contrabando mensual superaba los 229 millones de pesos, según informes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Para la fiscalía, la finca Karina operaba bajo la supervisión de José Suárez y la familia Cardozo, quienes coordinaban el ingreso y salida de vehículos y mercaderías. A pesar de los operativos, algunos de los principales acusados permanecen prófugos.

El procedimiento, con la participación de 170 efectivos de fuerzas federales y aduaneras, incluyó allanamientos en la finca y en domicilios de Orán. La jueza federal Ivana Hernández avaló la prisión preventiva y ordenó la clausura y consigna permanente de la finca para frenar las maniobras ilegales.

Romero advirtió que la actividad ilegal generaba “un daño grave al Estado y a la comunidad”, y solicitó medidas para evitar fugas y entorpecimiento judicial. Además, destacó que algunos imputados intentaron destruir pruebas, como teléfonos celulares intervenidos.

Con esta resolución, se busca desarticular una red que no solo movía mercadería, sino que también generaba un flujo millonario de dinero ilegal, profundizando el problema del contrabando en la región fronteriza. Informa Voces Críticas.