Fred Machado será extraditado a EE.UU.: la Corte Suprema dejó todo en manos del Gobierno

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de la Nación confirmó la procedencia de la extradición del empresario Fred Machado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico, lavado de dinero, fraude electrónico y asociación ilícita. El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y rechazó todos los planteos de la defensa. Ahora, la decisión final recae en el Poder Ejecutivo.

Machado, vinculado al diputado José Luis Espert por supuestas transferencias millonarias durante la campaña presidencial de 2019, está acusado en cinco delitos principales por la justicia estadounidense:

• Integrar una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína.
• Fabricación y distribución de droga con presunta importación ilegal a EE. UU.
• Cómplice en la comisión de estos delitos.
• Asociación ilícita para lavar dinero.
• Conspiración para cometer fraude electrónico.

Fred Machado permanece actualmente bajo prisión domiciliaria en Argentina mientras se resuelve su entrega.

Defensa y objeciones

Durante el proceso, los abogados de Machado cuestionaron la imparcialidad del juez federal, la ausencia de “doble incriminación” y alegaron violaciones al principio de igualdad de armas. También se planteó la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 y el principio “ne bis in idem”.

Además, la defensa solicitó información sobre la situación de los coimputados Kayleigh Moffet y Debra Mercer Lynn Erwin, quienes ya recibieron condenas en EE. UU.

Según la causa, Machado habría financiado parcialmente la campaña de Espert en 2019, con pagos por asesorías y vuelos privados por un valor aproximado de USD 350.000. Estos vínculos fueron parte de la investigación que motivó la renuncia del diputado libertario a su candidatura.

Tras el fallo de la Corte Suprema, el expediente será enviado a la Cancillería para que el Poder Ejecutivo decida si concede o no la extradición en un plazo de diez días hábiles. La normativa permite al Ejecutivo denegarla por razones de soberanía nacional, seguridad u orden público, o por otros intereses esenciales para Argentina. Informa Voces Críticas.