La fiscal Ana Salinas Odorisio, en la mira: piden su remoción por abuso de autoridad y retardo de justicia

SALTA (Redacción Voces Críticas) El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Salta recibió una denuncia contra la fiscal Ana Salinas Odorisio por presunto mal desempeño, incompatibilidad de cargos, retardo de justicia y falta de cumplimiento de los deberes de su función. La presentación fue realizada por los abogados Leonor Russo Pascual y John Grover Dorado Flores, quienes solicitaron la remoción de la funcionaria.

La denuncia, de 25 carillas, fue presentada el jueves pasado ante el órgano que preside la titular de la Corte de Justicia, Teresa Ovejero, e incluye pruebas documentales que respaldan los cargos formulados. Los letrados aseguran que la fiscal Salinas Odorisio incurrió en diversas irregularidades tanto en el ejercicio de sus funciones como en su desempeño simultáneo en distintos cargos.

Incompatibilidad de funciones y presunta violación constitucional

Según la presentación, la denunciada ocupa de manera simultánea el cargo de fiscal de Delitos Económicos Complejos y el de fiscal de Impugnación N.º 1, lo que violaría el artículo 62 de la Constitución Provincial, que prohíbe el desempeño de más de un cargo público, salvo excepciones vinculadas a la docencia.

Los denunciantes también citaron los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 7.328), que establecen la obligación de los fiscales de cumplir con sus horarios y las mismas incompatibilidades previstas para los jueces. Según la acusación, el desempeño simultáneo de ambos cargos por parte de Ana Salinas Odorisio configuraría una violación a la norma y podría encuadrarse en el delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 248 del Código Penal.

Demoras en causas judiciales y perjuicios económicos

El planteo también incluye acusaciones por retardo de justicia en una causa iniciada por la abogada Russo Pascual y su padre, quienes denunciaron la ocupación ilegítima de 181 lotes de su propiedad en las cercanías del templete San Cayetano, en la zona sur de la capital salteña.

De acuerdo con la presentación, la fiscal habría mantenido el expediente en etapa de investigación durante más de un año y siete meses, sin promover imputaciones penales ni ordenar medidas preventivas, a pesar de las pruebas presentadas. Los denunciantes sostienen que la inacción de la funcionaria permitió el avance de ocupaciones ilegales y generó “daños económicos irreparables”, al transformarse el loteo en una zona informalmente habitada.

Los abogados también señalaron que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a través de algunos de sus funcionarios, habría participado en maniobras irregulares que derivaron en la escrituración indebida de los terrenos, pese a que contaban con anotaciones de litis. Según la denuncia, la fiscal omitió investigar y aplicar medidas cautelares para evitar la continuidad de esas ocupaciones. Informa Voces Críticas.