Escándalo en ANDIS: hallaron US$700.000 en un departamento y cayó otro funcionario de Economía

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La causa ANDIS sumó un nuevo golpe político: Javier Cardini, subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía, presentó su renuncia luego de quedar directamente involucrado en la investigación por presuntos sobornos y irregularidades dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad. La crisis se profundizó después de que un allanamiento en un departamento de Puerto Madero —que compartía con Ornella Calvete— revelara la existencia de US$700.000 en efectivo, un hallazgo que reconfiguró el mapa de responsabilidades en el expediente.

Según fuentes judiciales, la trama que envuelve a ANDIS no se limita a contrataciones irregulares: la investigación apunta a un entramado financiero sostenido por intermediarios, operadores externos y sociedades utilizadas para mover fondos de origen ilícito. En este contexto, Calvete —hija del lobista Miguel Ángel Calvete— también dejó su cargo en Economía tras la aparición de evidencias que la vinculan con la maniobra.

El expediente que involucra a ANDIS contiene escuchas telefónicas, registros de movimientos bancarios y mensajes que refuerzan la sospecha de un circuito de retornos millonarios. Para los investigadores, la clave está en la operatoria que habrían manejado Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, quienes —según consta en el dictamen fiscal— movilizaban grandes sumas en pesos y dólares, parte de las cuales eran convertidas en criptomonedas mediante una aplicación llamada Neblockshain. Esa supuesta ruta del dinero derivó en allanamientos a financieras y empresas ligadas a las operaciones.

En paralelo, el rol de Cardini dentro del marco de irregularidades en ANDIS quedó bajo la lupa cuando se conoció que Calvete pidió su contacto el mismo día de los procedimientos. El vínculo familiar y profesional entre las partes reforzó el cuadro que investiga la Justicia sobre un “ecosistema adaptable” de sociedades y operadores que variaban según la necesidad política o contractual. Dentro de esa estructura también aparecen nombres como Sergio Mastropietro —relacionado a transferencias de casi $100 millones provenientes de droguerías contratistas— y Luciana Ferrari, señalada como operadora que intervenía en licitaciones pese a no estar designada formalmente en el organismo.

La causa ANDIS avanza con una agenda intensa de indagatorias prevista hasta principios de diciembre, que incluye a exautoridades del organismo y a figuras vinculadas al presunto esquema de direccionamiento de contrataciones por unos $40.000 millones. Mientras la Justicia intenta reconstruir la ruta completa del dinero, el Gobierno enfrenta la presión de explicar las responsabilidades políticas dentro de un escándalo que ya expuso vínculos internos, renuncias en cadena y una trama financiera que recién comienza a desentrañarse. Informa Voces Críticas.