Tensión política: el Gobierno nacional apunta contra las leyes de discapacidad y educación

Salta (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia legislativa al incorporar al proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de leyes sensibles, entre ellas el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. La iniciativa comenzó a tratarse en Diputados tras obtener dictamen de mayoría y expone un escenario de alta tensión política a pocos días de finalizar el año parlamentario.

El avance del Gobierno nacional se da luego de lograr apoyos clave en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con el respaldo de bloques aliados y gobernadores que habilitaron el dictamen. En ese marco, el oficialismo busca consolidar el equilibrio fiscal como eje central de su gestión, aun cuando el proyecto no contempla partidas para recomponer ingresos jubilatorios ni reactivar la obra pública.

Uno de los puntos que más polémica generó fue la incorporación, a último momento, de un artículo que deroga las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario, ambas ya sancionadas por el Congreso e insistidas tras haber sido vetadas. Desde la oposición denunciaron que el Gobierno nacional giró estas modificaciones solo a los bloques aliados, dejando fuera del debate al resto de las fuerzas políticas.

El proyecto también elimina la actualización automática de asignaciones familiares y de la Asignación Universal por Hijo, otorgando mayor discrecionalidad al Ejecutivo. A esto se suma la restricción del régimen de zonas frías, una medida que, según distintos sectores, impactará de lleno en los hogares más vulnerables en un contexto de altos costos energéticos impulsados por el propio Gobierno nacional.

El escenario encendió alarmas en el movimiento sindical y en organizaciones sociales. La CGT rechazó de manera contundente el contenido del Presupuesto y convocó a movilizaciones en defensa de la educación, la ciencia y la tecnología. Mientras tanto, bloques opositores anticiparon que intentarán eliminar los artículos más controvertidos durante la votación en particular, en una sesión que promete profundizar el enfrentamiento político entre el Congreso y el Gobierno nacional.