Ruta del dinero K: avanza el decomiso y la Corte ya recibió dólares incautados a Lázaro Báez

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió US$238.720 incautados al empresario Lázaro Báez, además de más de $4 millones provenientes de la subasta de dos aviones. La transferencia fue realizada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4), a cargo del juez Néstor Costabel, en el marco del avance del decomiso de bienes ordenado por la Justicia.

La medida forma parte de la ejecución de la condena en la causa conocida como “Ruta del dinero K”, que estableció el decomiso de activos hasta cubrir un monto superior a US$60 millones. A comienzos de este mes, la Corte había dispuesto iniciar el operativo para que los bienes y el dinero decomisados vuelvan al Estado, con su correspondiente inscripción registral bajo la titularidad del máximo tribunal.

Según la sentencia dictada en abril de 2021 por el TOF 4, el total a decomisar asciende a US$61,13 millones, distribuidos en distintas partidas en dólares y pesos, estos últimos actualizados por inflación conforme al índice del INDEC. El fallo fue ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y quedó firme tras el rechazo de los recursos por parte de la Corte Suprema en mayo de 2025.

El proceso de recuperación de activos no estuvo exento de controversias. La emisión del Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo la órbita del Ministerio de Justicia, generó tensiones institucionales. La Corte había señalado que la administración de los decomisos corresponde a los jueces penales, para resguardar la independencia judicial.

En ese contexto, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) promovió una demanda por presunta intromisión del Poder Ejecutivo. En octubre, el juez federal Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió la aplicación del decreto, al considerar que afectaba la autonomía de la Corte Suprema.

La causa “Ruta del dinero K” acreditó la existencia de una organización dedicada al lavado de activos entre 2010 y 2013, con maniobras que incluyeron la expatriación y posterior reingreso de fondos de origen ilícito por US$54,8 millones, a través de estructuras financieras en el país y en el exterior, vinculadas a la empresa Austral Construcciones.