Se terminó la mora: Salta irá a la Justicia contra las obras sociales deudoras

Salta (Redacción Voces Críticas) El Gobierno de Salta dio un paso clave para ordenar el financiamiento del sistema sanitario y reforzar el recupero de fondos. Desde ahora, las obras sociales que no abonen las prestaciones realizadas en hospitales y centros de salud públicos podrán ser intimadas y demandadas judicialmente. La medida fue oficializada este martes 27 de enero a través del Decreto Nº 31, que reglamenta la Ley 8491 y establece reglas claras para facturar y ejecutar deudas.

La normativa, impulsada por el Ministerio de Salud Pública, fija los parámetros para determinar cuánto deben pagar las obras sociales y las coberturas privadas por prácticas de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y asistencia médica brindadas en la red estatal. El objetivo es que el sistema público no absorba costos que corresponden a terceros y que cada prestación cuente con respaldo económico.

Uno de los cambios centrales es que la historia clínica del paciente, sin importar el formato en que esté registrada, será prueba suficiente de que el servicio fue prestado. Con ese soporte, los hospitales podrán emitir la factura correspondiente y exigir el pago completo a las obras sociales, evitando demoras administrativas o rechazos por cuestiones formales.

El decreto también regula qué ocurre con prácticas que no figuren en el nomenclador. En esos casos, los efectores deberán presentar un presupuesto para su homologación ante la Secretaría de Servicios de Salud, que tendrá un plazo breve para responder. Si las obras sociales no contestan dentro del tiempo establecido, el monto se considerará automáticamente aceptado, agilizando así el recupero de recursos.

Además, los Certificados de Deuda tendrán carácter de título ejecutivo, lo que habilita a iniciar acciones judiciales directas para cobrar lo adeudado. Con los fondos recuperados, la Provincia prevé reforzar las cuentas de cada hospital y fortalecer el financiamiento del sistema. De esta manera, el Gobierno busca que las obras sociales cumplan con sus obligaciones y que los recursos públicos se destinen a mejorar la atención y la infraestructura sanitaria en todo el territorio salteño.