El Gobierno nacional impulsa la reforma penal juvenil, pero enfrenta reparos de aliados

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional confirmó que incluirá el proyecto de Ley Penal Juvenil dentro del temario de sesiones extraordinarias, con la intención de avanzar en la baja de la edad de imputabilidad. La iniciativa, que ya había generado debate el año pasado, vuelve a escena con el objetivo de establecer responsabilidad penal desde los 13 años, aunque el oficialismo reconoce que deberá negociar con bloques aliados para asegurar su aprobación.

La definición surgió tras una reunión política en Casa Rosada, donde se resolvió dar prioridad al tratamiento del proyecto en Diputados. Desde el entorno del Gobierno nacional sostienen que existe respaldo suficiente para avanzar, pero admiten que algunos sectores plantearon reparos y podrían exigir modificaciones, especialmente en el punto vinculado a la edad mínima.

Entre los bloques dialoguistas, varios legisladores manifestaron que acompañan la reforma, aunque consideran más prudente fijar el límite en 14 años. Argumentan que a los 13 no siempre hay plena conciencia de la criminalidad de los actos y alertan por la falta de infraestructura adecuada para alojar a más menores dentro del sistema penal. Estas observaciones obligan al Gobierno nacional a contemplar eventuales cambios para no trabar el debate parlamentario.

Otro de los cuestionamientos gira en torno al financiamiento. Referentes opositores advirtieron que, sin recursos adicionales, la ley podría resultar inaplicable en la práctica. Señalan que el sistema actual ya presenta dificultades operativas y que ampliar la población alcanzada sin inversión podría generar una crisis mayor. En ese contexto, el Gobierno nacional evalúa alternativas para garantizar viabilidad presupuestaria.

Mientras tanto, el oficialismo analiza si impulsar el proyecto completo o avanzar solo con el artículo que reduce la edad de imputabilidad, como estrategia para simplificar la discusión. Con negociaciones abiertas y posiciones divididas, el Gobierno nacional enfrenta un debate sensible que combina seguridad, política social y capacidad estatal, y que promete ocupar un lugar central en la agenda legislativa de las próximas semanas.