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INÉDITO

Polémica por una boda trans en una parroquia: el sacerdote podría enfrentar sanciones

La ceremonia se realizó en Nuestra Señora de Pompeya y el Arzobispado inició actuaciones para determinar si se incumplieron normas del Derecho Canónico
Por Redacción Voces Críticas
lunes 16 de febrero de 2026

Argentina (Redacción Voces Críticas) Una boda trans celebrada el pasado 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, en Corrientes, desató una fuerte controversia dentro y fuera del ámbito religioso. La ceremonia unió a Solange Agustina Ayala, mujer trans, e Isaías Díaz Núñez, hombre trans, quienes aseguraron haber cumplido con todos los requisitos exigidos por la Iglesia para acceder al sacramento matrimonial.

Según el testimonio de la pareja, la boda trans se concretó tras iniciar el expediente correspondiente, atravesar entrevistas pastorales y presentar su documentación actualizada conforme a la Ley de Identidad de Género. Incluso recibieron la libreta matrimonial con sus nombres actuales, en línea con sus DNI rectificados. “Somos una pareja trans que pudo recibir la bendición de la Iglesia”, expresó Ayala en declaraciones radiales.

El impacto de la boda trans se amplificó días después, cuando el Arzobispado de Corrientes emitió un comunicado en el que negó haber autorizado formalmente la ceremonia. Desde la sede eclesiástica indicaron que no se habría recibido la documentación eclesiástica requerida y advirtieron que podrían adoptarse medidas disciplinarias conforme al Derecho Canónico.

En este contexto, la controversia por la boda trans no recaería sobre la pareja, sino sobre el sacerdote que ofició el sacramento. El Código de Derecho Canónico contempla sanciones que van desde una amonestación hasta la suspensión temporal para administrar sacramentos, e incluso la remoción del cargo parroquial si se comprueban irregularidades graves.

La repercusión de la boda trans también generó un intenso debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios la celebraron como un gesto de apertura e inclusión, otros cuestionaron su validez desde la doctrina católica. El episodio volvió a exponer la tensión entre el marco civil argentino, que reconoce la identidad de género autopercibida, y la normativa religiosa, que mantiene una definición tradicional del matrimonio sacramental.