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jueves 4dejuniode 2026

UN CASO QUE MARCÓ SALTA

Turistas francesas: a 14 años del crimen, difunden un duro comunicado que vuelve a sacudir el caso

El doble femicidio de Cassandre Bouvier y Houria Moumni vuelve al centro de la escena tras un comunicado que cuestiona la investigación y exige respuestas urgentes
Por Redacción Voces Críticas
miércoles 18 de marzo de 2026

SALTA (Redacción Voces Críticas) El caso por el brutal asesinato de las turistas francesas Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24), ocurrido en julio de 2011 en la Quebrada de San Lorenzo, sigue generando repercusiones a más de una década del hecho.

Las jóvenes fueron encontradas sin vida tras haber sido abusadas y asesinadas en una zona turística de Salta, en un crimen que conmocionó no solo a la provincia, sino también al país y a Francia. Desde entonces, la causa estuvo atravesada por polémicas, denuncias de irregularidades y fuertes divisiones entre las familias de las víctimas.

El proceso judicial derivó en la condena de Gustavo Lasi y Santos Vera, mientras que otro de los acusados fue absuelto. Sin embargo, el caso nunca logró cerrarse del todo en la opinión pública, ya que persistieron cuestionamientos sobre la investigación, el manejo de pruebas y la posibilidad de que existan más responsables.

En este contexto, volvió a tomar fuerza el reclamo de Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, quien desde hace años sostiene que la causa no fue correctamente investigada y que aún quedan aspectos clave por esclarecer.

A continuación, el comunicado difundido por Jean-Charles Chatard:

COMUNICADO DE PRENSA

Jean-Charles CHATARD
Salta, 18/03/2026

El viaje de Bouvier

Este viaje quizá el último no fue un gesto simbólico. Fue un grito de alerta. El de un padre que lleva catorce años enfrentando mentiras, manipulaciones y mala fe. Jean-Michel Bouvier hizo un gesto hacia la justicia de la provincia. Un gesto que no se veía desde hace doce años, desde el veredicto del primer juicio : aceptó volver, escuchar y dialogar.

Pero que nadie se equivoque: no es una rendición. Es una última advertencia. Bouvier no es un hombre que se calme con promesas. Conoce demasiado bien los anuncios salteños sin consecuencias, los comunicados vacíos, las fotos oficiales y los compromisos que el tiempo borra. Por eso hoy no pide palabras. Exige hechos. Ahora. Porque el tiempo se agota. El suyo, primero, con un cáncer de páncreas que no espera los tiempos de la justicia. Pero también se agota el tiempo de quienes creen que el desgaste terminará enterrando la verdad. Y si los hechos no llegan, alguien tendrá que explicar ante la opinión pública, ante el país y ante la historia por qué se dejó ganar, una vez más, a la impunidad.

Bouvier no tiene todavía abogado en Salta. Es una situación preocupante. Sin embargo, entregó personalmente a Pedro Castiella un documento que podría ser determinante. Digo bien podría, porque un elemento así exige investigaciones serias y verificaciones rigurosas antes de poder medir su verdadero alcance o, eventualmente, su falta de relevancia. El documento fue entregado en mano al procurador general, lo que demuestra la gravedad del gesto. Por respeto al secreto de la instrucción y para contribuir al éxito de la investigación, no iré más lejos por ahora.

Gustavo Lasi

En enero me reuní con Gustavo Lasi en la cárcel de Villa Las Rosas. Hacía once años que no hablábamos cara a cara. Fue nuestro cuarto encuentro. Quiso hacer un balance de su situación de detención y volver sobre la causa que selló su destino por treinta años.

Me lo presentaron esposado, rodeado de policías encapuchados, con chalecos antibalas y cascos, como si se tratara de Nicolas Maduro. Dos horas de conversación, dos horas filmadas. Durante ese tiempo, Lasi confirmó con una resignación inquietante lo que ya había escrito en mi libro: afirmó que fue torturado y que se autoacusó después de un supuesto acuerdo para que su novia y su padre, que estaban detenidos en ese momento, recuperaran la libertad. Son declaraciones de una gravedad extrema. Afirma no haber estado nunca en el mirador.

Son declaraciones sorprendentes, ya que exactamente tres meses antes había dicho lo contrario cuando las cuatro fiscales del caso lo interrogaron. También hablamos de sus años en prisión, de su convivencia con el peligroso detenido Marcelo Torrico y de su supuesto proceso de reinserción. Según él, podría obtener en las próximas semanas un régimen semiabierto en la Granja de Cerrillos, algo que resulta sorprendente para un condenado por doble homicidio.

Lo encontré fatalista, resignado, profundamente desorientado. Han pasado catorce años de prisión. Pero una pregunta sigue intacta: en esta causa, ¿quién dice la verdad y quién la sigue ocultando?

Estado del caso

En este asunto de Estado ocurrió lo que nunca debería pasar en una democracia: investigación simulada, torturas, inocentes acusados, pruebas fabricadas y un juez sometido al poder político de turno. El comisario Piccolo murió en circunstancias oscuras. Se habló de suicidio. Las dudas siguen.

Hoy solo hay un condenado: Gustavo Lasi, un marginal presentado como único culpable. Una versión difícil de creer.

La realidad es otra: los verdaderos autores tuvieron supuestamente protección y poder para frenar la investigación y enterrarla durante años en la Ciudad Judicial de Salta.

Hoy existen dos procedimientos judiciales distintos abiertos. El primero, iniciado en Salta y en París desde el 29 de julio de 2011, se refiere al doble homicidio. El segundo, más reciente, fue abierto en París durante el cuarto trimestre de 2025 con el objetivo de identificar al autor intelectual de lo que Jean-Michel Bouvier describe como toda la cadena de protección montada para impedir que el caso saliera a la luz.

En Salta, el Ministerio Público continúa trabajando en coordinación con la embajada de Francia, especialmente en los aspectos telefónicos y genéticos, aunque por el momento los primeros resultados aún se hacen esperar.

En París, efectivamente, ya fue designada una jueza de instrucción. Pero, a pesar de la competencia y la honorabilidad del estudio de abogados elegido por Bouvier, sería ilusorio esperar avances concretos en el corto plazo. En Francia, la justicia suele avanzar con lentitud y no siempre está a la altura de la urgencia que imponen ciertos casos. Entonces habrá que esperar… Lo digo y lo repito: hoy es Salta la que tiene la llave de esta investigación. Si el trabajo se lleva adelante con seriedad, sin presiones, sin interferencias y con total transparencia, entonces un desenlace favorable sigue siendo posible… quizá.

Una recompensa para romper la ley del silencio

En Argentina, la ley permite ofrecer una recompensa oficial a toda persona capaz de aportar información útil a la justicia. Este mecanismo, previsto por el Programa Nacional de Recompensas, puede servir para identificar a los autores, localizar a prófugos o destrabar causas criminales complejas.

La identidad del informante está protegida. El dinero solo se paga si la información es verificada y resulta decisiva. Este sistema existe. Funciona. Y ya ha sido utilizado en casos graves.

Esta herramienta no pertenece únicamente al Estado nacional. Las provincias también pueden actuar. Salta, por lo tanto, tiene plenamente la facultad de hacerlo en la causa por el doble asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni.

En una causa antigua, sofocada por el paso del tiempo, el miedo y los silencios, una recompensa puede hacer saltar el cerrojo. Puede romper el pacto de silencio, hacer hablar a un testigo indirecto, despertar una conciencia, hacer aparecer la pieza que falta. Cuando una investigación se estanca, el Estado ya no tiene derecho a esperar. Por eso, ayer le pedí al gobernador Gustavo Sáenz que evalúe oficialmente la implementación de una recompensa en este expediente. Catorce años después de los hechos, y a pocos meses de la prescripción, solo queda una pregunta: ¿el Estado hizo realmente todo lo que debía hacer para llegar a la verdad?

Recordaré que en 2026 la provincia ofreció 10 millones de pesos para encontrar al sospechoso del femicidio de Natalia Cruz. También se implementaron otras recompensas oficiales en casos de mujeres desaparecidas o presuntamente asesinadas, como los de Jésica Gutiérrez y Rosmery Aramayo Torrez