Fuerte revés judicial en el caso de Juanita Tinelli: la justicia decidió y se abre otro escenario legal

La investigación por la supuesta amenaza telefónica denunciada por Juanita Tinelli a fines de 2025 tuvo un giro inesperado. Tras varios meses de análisis, la justicia resolvió archivar la causa al no encontrar pruebas que permitieran confirmar el hecho, lo que generó un fuerte impacto en el entorno de la familia.

La información fue dada a conocer por la periodista Marina Calabró, quien reveló detalles del expediente que había tomado estado público en noviembre pasado, cuando la joven realizó un posteo en redes con fuertes cuestionamientos hacia su padre. Desde entonces, el caso había generado amplia repercusión mediática.

Según consta en el documento firmado por el auxiliar fiscal Sebastián Arturo Rusconi, luego de distintas medidas de prueba, “no se logró comprobar la materialidad del episodio denunciado”. Esta conclusión dejó abierta una incógnita central sobre lo ocurrido y alimentó distintas interpretaciones. Informa Voces Críticas.

Uno de los puntos clave de la investigación fue la falta de registros técnicos. Juana Tinelli había explicado que eliminó el historial de llamadas por miedo tras recibir la supuesta amenaza. Sin embargo, el entrecruzamiento de datos realizado por la fiscalía determinó que no existían registros en las antenas telefónicas, un elemento que suele permitir verificar comunicaciones incluso cuando han sido borradas.

Con la causa archivada, el foco ahora se desplaza hacia posibles consecuencias legales. Según trascendió, el empresario Gustavo Scaglione, quien había sido mencionado como presunto responsable, podría avanzar con acciones judiciales. A su vez, no se descarta que la fiscalía evalúe si corresponde abrir una investigación por una eventual falsa denuncia.

“Lo preocupante es que la pericia informática no pudo determinar siquiera que haya existido el llamado en el rango horario que ella especifica y mucho menos el contenido”. En este contexto, especialistas recuerdan que una denuncia falsa por amenazas puede implicar sanciones penales, aunque su comprobación resulta compleja, ya que debe demostrarse que quien denunció sabía que el hecho no había ocurrido.