Alerta en los barrios populares de Salta: advierten que miles de familias podrían quedar al borde del desalojo

SALTA (Redacción Voces Críticas) La incertidumbre crece en las periferias de la capital salteña. La Mesa de Barrios Populares de Salta encendió las alarmas ante el avance de proyectos para modificar la Ley 27.453, una normativa clave que desde 2018 frena los desalojos y permite la integración socio-urbana de villas y asentamientos en todo el país. 

Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku, expresó en diálogo con la prensa local la profunda preocupación que atraviesa a los vecinos. Según advirtió, cualquier cambio en la ley actual significaría un retroceso catastrófico hacia la marginalidad. “Nos volvería a llevar a la invisibilización”, sentenció la dirigente, remarcando que la ley no es solo un papel, sino la garantía de acceso a la tierra y a los servicios básicos.

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Cloacas frenadas y obras paralizadas

Uno de los puntos más críticos del reclamo es la suspensión del financiamiento para obras de infraestructura. En el caso del barrio Tinkunaku, Guaymás reveló que ya contaban con un proyecto planificado para la red de cloacas, pero que la falta de fondos y el actual escenario político dejaron las tareas en un punto muerto.

"Este gobierno nos está sacando todo", disparó la referente, señalando que la paralización no solo afecta la calidad de vida diaria, sino que también vulnera la posibilidad de obtener los títulos de propiedad prometidos. En Salta capital existen 52 barrios populares registrados en el RENABAP, mientras que en toda la provincia la cifra asciende a 354, lo que traduce el conflicto a una escala que afecta a más de 120.000 salteños.

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El drama de la informalidad y la falta de alquileres

La situación habitacional en Salta se ve agravada por la crisis económica. Guaymás puso el foco en la imposibilidad de las familias de estos sectores para acceder al mercado formal de alquileres. “Nuestros trabajos son informales y los ingresos son bajísimos; no llegamos a pagar un alquiler”, explicó.

Ante la falta de políticas habitacionales de fondo, la Ley de Barrios Populares funcionaba como una red de contención que evitaba que las familias terminaran en la calle. Su modificación, aseguran, dejaría a miles de personas en una situación de absoluta precariedad frente a posibles juicios de expropiación o desalojos directos.

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Desde la Mesa de Barrios Populares insisten en que el conflicto requiere una respuesta política local inmediata. Exigen la creación de un espacio de trabajo donde participen tanto la Provincia como la Municipalidad de Salta para evaluar propuestas concretas y reactivar los proyectos detenidos.

“Pedimos que nos escuchen. Se cumplió un año de promesas de reuniones periódicas con el municipio que nunca se concretaron”, denunció Guaymás. Mientras el debate sigue en el Congreso, las organizaciones sociales de Salta se mantienen en estado de alerta permanente, buscando anticiparse a un cambio legislativo que podría cambiarles la vida para siempre. Informa Voces Críticas