El nuevo RIGI llegó al Congreso y podría cambiar por completo el mapa de inversiones

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional avanzó con el envío al Congreso de dos proyectos clave que buscarán abrir un fuerte debate político y económico en las próximas semanas. Uno de ellos es el nuevo esquema de promoción de inversiones denominado RIGI, una iniciativa que apunta a ampliar beneficios fiscales y atraer grandes desembolsos en sectores estratégicos de la economía argentina.

La presentación fue confirmada después del anuncio realizado días atrás por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había adelantado el envío de cuatro iniciativas legislativas. Mientras los proyectos vinculados a ludopatía y etiquetado frontal ingresaron al Senado, ahora desembarcaron en Diputados tanto el nuevo RIGI como la ley destinada a regular las actividades de lobby.

De acuerdo con el texto impulsado por el Ejecutivo, el denominado “Súper RIGI” busca ampliar el alcance del régimen vigente incorporando actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico. Entre ellas aparecen la cadena de litio, la producción de baterías, el hidrógeno verde, reactores nucleares pequeños, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas y nuevos desarrollos petroquímicos.

Uno de los aspectos centrales del proyecto tiene que ver con los beneficios fiscales previstos para quienes ingresen al esquema. Según se informó, el nuevo RIGI contempla una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones y exenciones en derechos de exportación para determinados sectores productivos.

En paralelo, el Gobierno también envió una iniciativa orientada a regular las actividades de lobby frente a funcionarios y legisladores nacionales. El objetivo, según indicaron desde Casa Rosada, será transparentar las gestiones realizadas por empresas o intermediarios para evitar posibles conflictos de intereses dentro de la administración pública.

Entre los puntos destacados de ese proyecto aparece la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, además de la exigencia de declaraciones juradas sobre intereses representados. La propuesta también establece incompatibilidades para ex funcionarios que quieran desarrollar actividades vinculadas al lobby una vez fuera de sus cargos.

Con el ingreso del nuevo RIGI y la ley de lobby al Congreso, el oficialismo buscará instalar una agenda centrada en inversiones, transparencia y desregulación económica. Sin embargo, ambos proyectos prometen abrir discusiones intensas dentro del arco político, especialmente por el alcance de los beneficios fiscales y el impacto que podrían tener sobre sectores estratégicos del país.