Escándalo en El Quebrachal por presuntas estafas con pensiones por discapacidad

SALTA (Redacción Voces Críticas) Efectivos de las fuerzas de seguridad federales desembarcaron en el Hospital Enrique Romero de El Quebrachal, en el marco de una investigación que busca desarticular una presunta organización dedicada a la falsificación de documentación médica. Las maniobras bajo la lupa judicial estaban destinadas a la obtención de pensiones no contributivas por invalidez otorgadas por el Estado nacional.

El procedimiento no se limitó únicamente al centro de salud público. Los uniformados, con órdenes de la Justicia Federal, desplegaron un fuerte operativo que incluyó el registro de consultorios privados y domicilios particulares de profesionales de la salud en distintas zonas de la región del departamento Anta.

El uso de sellos públicos en la mira

La hipótesis principal que manejan los investigadores se centra en la confección de los informes médicos requeridos para los trámites previsionales. Los datos preliminares indican que varios de estos certificados se habrían confeccionado de manera irregular en clínicas particulares, pero utilizando sellos institucionales del hospital público local para darles apariencia de legalidad.

A raíz de esto, las autoridades judiciales intentan establecer si los profesionales involucrados cobraban sumas de dinero a los particulares para facilitarles el acceso a los beneficios sociales de forma fraudulenta.

Despliegue en varios puntos de la región

La magnitud del operativo alteró la rutina habitual de la comunidad en El Quebrachal. Diversos testimonios locales indicaron que personal de Gendarmería Nacional custodió el traslado de algunos médicos desde sus lugares de trabajo hasta sus viviendas para continuar con la búsqueda de material de interés para la causa.

De acuerdo a las fuentes del caso, las tareas de recolección de pruebas también se extendieron al centro de salud de la localidad de Gaona y a inmuebles ubicados en el barrio Los Cardones, en el municipio vecino de Joaquín V. González. Toda la documentación secuestrada, que incluye soportes digitales e historias clínicas, quedó a disposición del juzgado interventor para las pericias correspondientes. Informa Voces Críticas