Cambian los controles en aeropuertos con un protocolo reservado para detectar casos de trata

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional aprobó un nuevo protocolo para la detección temprana de posibles casos de trata de personas en aeropuertos. La medida fue oficializada a través de la Resolución 468/2026 y dejó sin efecto el procedimiento que regía desde 2018.

La normativa establece que el nuevo esquema será obligatorio para todo el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, prevé la designación de oficiales referentes especializados en cada unidad de la fuerza para intervenir ante situaciones que puedan vincularse con este delito.

El cambio en los aeropuertos apunta a reforzar la prevención, la detección y la investigación frente a modalidades que, según el texto oficial, se volvieron más complejas y pueden tener alcance nacional e internacional. La Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos de Trata y Contra la Integridad Sexual deberá seguir, actualizar y difundir el protocolo.

Uno de los puntos centrales de la resolución es el carácter reservado de los anexos operativos y de la nómina de oficiales designados. El argumento es evitar filtraciones que puedan afectar investigaciones en curso o comprometer la seguridad de las personas involucradas.

El procedimiento fija principios como la urgencia, la confidencialidad, la protección integral de las víctimas y la evaluación constante del riesgo. También ordena que los agentes eviten cualquier forma de revictimización y resguarden la identidad de las personas afectadas durante toda la intervención en aeropuertos.

En los casos que involucren a menores de edad, la actuación deberá regirse por el interés superior del niño. La resolución indica que la seguridad y el bienestar de niñas, niños y adolescentes deberán prevalecer en cada medida que se adopte.

La norma recuerda que la trata de personas incluye la captación, traslado, recepción o acogida con fines de explotación. Entre las modalidades menciona el trabajo forzoso, la explotación sexual, la producción de material de abuso sexual infantil, el matrimonio forzado y la extracción ilegal de órganos.

Con el nuevo protocolo, los controles en aeropuertos deberán prestar atención a situaciones de vulnerabilidad económica, migratoria o social, además de posibles engaños mediante falsas ofertas laborales, vínculos de confianza o contactos realizados a través de redes sociales y plataformas digitales.