El Gobierno nacional habilitó un esquema más ágil para vender petróleo y combustibles al exterior

Argentina (Redacción Voces Críticas) El Gobierno nacional reglamentó la libre exportación de hidrocarburos y puso en marcha un nuevo sistema para agilizar las ventas al exterior de petróleo, gasolinas, gasoil y otros derivados. La medida quedó establecida mediante la Resolución 166/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa crea el Registro de Operaciones de Exportación, que quedará bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos. Allí deberán asentarse las notificaciones de cada operación, las eventuales objeciones y las Constancias de Libre Exportación.

Entre los productos incluidos por el Gobierno nacional aparecen los aceites crudos de petróleo y mineral bituminoso, gasolinas —excepto las destinadas a aviación—, gasoil, propano, butano y Gas Licuado de Petróleo.

Uno de los cambios centrales es la eliminación del mecanismo que obligaba a los exportadores a demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno. Esa exigencia estaba contemplada en una resolución de 2017 que ahora quedó derogada.

Con el nuevo esquema, el Gobierno nacional reconoce que los permisionarios y concesionarios tienen dominio sobre los hidrocarburos extraídos y podrán comercializarlos libremente. La intervención estatal quedará limitada a un sistema de “no objeción” basado en criterios técnicos y económicos.

Las operaciones deberán gestionarse mediante la plataforma Trámites a Distancia. La autoridad tendrá hasta 30 días hábiles para objetar exportaciones de petróleo crudo, gasolinas y gasoil, mientras que para propano, butano y GLP el plazo será de siete días.

Si el Gobierno nacional no formula observaciones dentro de esos períodos, se aplicará el silencio positivo. De esta manera, el exportador podrá exigir la emisión de la Constancia de Libre Exportación y avanzar con el programa de embarques previsto.

Para los contratos superiores a 12 meses se exigirá documentación adicional, como acuerdos firmes y proyecciones sobre reservas probadas. En proyectos que requieran nueva infraestructura también se prevé una articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

La Subsecretaría de Hidrocarburos podrá objetar una operación cuando detecte riesgos para el abastecimiento interno, inconsistencias en la información presentada, falta de reservas suficientes, prácticas anticompetitivas o variaciones significativas e inesperadas en los precios locales.

Con estas modificaciones, el Gobierno nacional profundiza la desregulación del mercado energético y reemplaza el esquema de autorización previa por un procedimiento más rápido, con menores exigencias administrativas para las empresas exportadoras.