En un fallo cuando menos sorprendente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin el voto de la Dra. Elena Highton y la excusación del presidente Carlos Rosenkrantz, dispuso pagarle a la provincia de San Luis, la suma de $15.000.000.000 por un viejo reclamo por descuentos de la coparticipación federal.

Con ese pronunciamiento, el Máximo Tribunal, dejó abiertas las puertas, para que la provincia de Santa Fe solicite otro resarcimiento por una suma bastante más abultada, nada menos que $70.000.000.000. De tal suerte el Estado Nacional deberá desembolsar el monto de $100.000.000.000 de sus exhaustas arcas, en momentos en que el dólar parece haber iniciado una nueva suba, la inflación había dado una brevísima tregua y los indicadores macro económicos generaban señales de un módica recuperación.

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Claro está que ese fallo, por el tiempo en que fue firmado y dado a conocer, no tiene un ápice de inocencia; sí tiene un grave oportunismo político, más una dosis al menos antipática de falta de solidaridad. No es la primera vez que la Corte Suprema ignora de manera aviesa la afligente realidad económica argentina sin reparar las consecuencias de sus fallos. Si un espectador foráneo mirase objetivamente fallos judiciales como el que se comenta, concluiría, inexorablemente, que ante semejantes decisiones la Argentina no es un país que genere ni confianza para invertir, ni seguridad jurídica en sus Tribunales.

Desde 1994 a la fecha, la Corte Suprema esquiva pronunciarse sobre la sanción de una ley que podría cambiar definitivamente el futuro de la Argentina y que sistemáticamente omite mencionarla, cual es la ley de Coparticipación Federal. Esa ley, igual que la de Etica Pública, son normas con raigambre constitucional, es decir que el propio texto de la Ley Fundamental de la nación obliga a que el Congreso Nacional las sancione y el presidente de la Nación la promulgue. La coparticipación Federal tiene una demora de veinticinco años, es decir de una generación y a nadie parecería importarle la envergadura de esta omisión que permitiría un desarrollo equitativo de las regiones más postergadas.

A su vez, La Corte no es un órgano que cogobierna, sino que debe administrar justicia bien y legalmente, tal como reza la fórmula de juramento con la que asumen en sus cargos los jueces de la Nación. Esa tentación constante por no mesurar el culto a personalidades ensanchadas, dificulta la credibilidad en el sistema, mucho más, cuando es el Congreso nacional el lugar donde deben discutirse las leyes que deben imperar en todos los ámbitos de la vida ciudadana. Es preciso reiterar que no es la primera vez que la Corte hace estas cosas. Días antes que asumiera el actual gobierno, se despachó con otro fallo de consecuencias multimillonarias que solamente la responsabilidad de los gobernadores pudo salvar al país de una catástrofe económica.

Una vez más, cabe insistir en la necesidad de que la Corte debe ser ampliada con un profundo sentido federal de sus miembros y sin la vanidad implícita de pretender forzar o sitiar las decisiones de los otros poderes, en tiempos de una aguda crisis que devora el bolsillo de los argentinos. También debería el gobierno analizar la responsabilidad que le cabe de no haber dialogado con la oposición cuando renovó la Corte Suprema, para evitar seres impredecibles, o que sobreactúen su imprevisivilidad y lleguen al más alto sitial que depara el Poder Judicial. O bien que por pertenecer a un buffete que asistió legalmente a las corporaciones más poderosas, deba excusarse sistemáticamente por su anterior ejercicio de la abogacía. La excusación serial de los jueces de la Corte hace tanto daño, como los fallos temerarios de aquellos que no resisten envainar la vanidad para servir al interés general antes que al propio.

Por Abel Cornejo para Voces Críticas