SALTA.- Allá por los años 60 antes de Cristo, con la República romana ya en crisis, Marco Tulio Cicerón comenzó uno de sus célebres discursos en el Senado romano, que pasarían a la posteridad como “Las Catilinarias”, con aquella conocida frase: “¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? (¿Quosque tandem, Catilina, abutere patientia nostra?). Recuérdese que Catilina, precisamente, había encabezado una conspiración en contra de la República romana, ya en crisis como dijimos, crisis que más adelante habría de dar lugar a la etapa de la Dictadura con Julio César, preludio del Imperio.

Sin aquella grandiosidad pero con la facilidad de sólo cambiar simplemente tres vocales, nosotros podríamos parafrasear a Cicerón diciendo: ¿Hasta cuándo, Catalano, abusarás de nuestra paciencia? Ello, a propósito de la conducta insurreccional adoptada por los jueces de la Corte de Justicia de Salta en contra de la propia Constitución Provincial, que ellos mismos al momento de asumir sus cargos habían jurado respetar y acatar.

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En efecto, el artículo 156 de la Constitución, expresa y textualmente, estipula que los jueces de Corte duran seis años en sus funciones pudiendo ser nombrados nuevamente. Pues no, Catalano y sus cortesanos, indigestos con esa disposición constitucional, decidieron afrontar toda una maniobra tendiente a modificar esa norma que pone límite temporal a sus ambiciones de poder eterno.

Todo esto comenzó, recordemos, con un proyecto de ley presentado en el año 2017 por el Poder Ejecutivo provincial que, bajo el manto de una supuesta autolimitación de facultades, disponía que los sucesivos gobernadores deberían proponer como futuros jueces de Corte a los que ya estaban en esa función, es decir, a los mismos que ahora intentan esta asonada para quedarse. Ese proyecto de ley de supuesta autolimitación vulneraba, a su vez, doblemente, a la misma Constitución, la que dispone que esa designación es una facultad del Gobernador que se completa con el acuerdo del Senado, de modo tal que el Poder Legislativo no podía coartarla. Ni para ahora ni, mucho menos, para más adelante.

Consciente de la burrada jurídica, el Poder Ejecutivo retiró, también irregularmente, aquel proyecto de ley, que tenía ya media sanción por votación unánime del Senado provincial (¡!), y se pergeñó otra jugada política que en definitiva significa un nuevo alzamiento en contra de la Constitución Provincial. Para ello echaron mano de un organismo, la Asociación de Jueces, desprendimiento del Colegio de Magistrados de la provincia, fractura inducida por el mismo presidente de la Corte, para interponer una acción popular de inconstitucionalidad en contra de la mismísima Constitución Provincial. Esa acción la interponen jueces prosélitos de Catalano, para ser resuelta por una Corte ad hoc integrada irregularmente por integrantes del fuero penal, los Tribunales de Impugnación, coto reservado del presidente de la Corte. No sólo eso, todos integrantes de la Asociación de Jueces, actora en este engendro procesal, de modo que esa Asociación Judicial es juez y parte en esta maniobra.

De modo que lo que tenemos es una camarilla que, apoderándose del Poder Judicial de la provincia, pretende modificar la Constitución Provincial sin respetar las normas que esa misma Constitución prevé para su reforma y, como agravante, la pretende reformar en su propio beneficio. Una republiqueta. En efecto, el artículo 184 de la Constitución Provincial establece el procedimiento de reforma total o parcial de la misma, estipulando expresamente que sólo se lo puede hacer a través de una Convención Constituyente convocada al efecto.

En esta misma semana el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, habló de la crisis de legitimidad y de confianza que padece el poder judicial y atribuyó esa crisis de confianza al hecho de que la comunidad percibe que ese poder respondería a intereses ajenos al de su propio servicio.

Para superar esa crisis, Rosenkrantz, propone a los jueces no buscar el poder y convertirse en una institución íntegramente sujeta a las reglas y procedimientos dispuestos por las Constituciones.

Justamente lo contrario a lo que está haciendo la Corte de Justicia de Salta en su búsqueda irracional y desmedida de un poder eterno, con el agravante ilevantable de que lo está haciendo rompiendo con todos los procedimientos establecidos en la misma Constitución que le da al tribunal que la vulnera su propia razón de ser.

La pregunta obligada, que surge naturalmente, es respecto de los intereses a que se está respondiendo en esta chirinada. Y, en verdad, es muy difícil sustraer de la misma al Poder Ejecutivo provincial. No sólo porque fue el iniciador de toda esta maniobra, como vimos respecto del proyecto de ley de supuesta autolimitación del año 2017. Sino porque es imposible suponer que tamaño desmadre sería emprendido sin su conocimiento y consentimiento.

Y, lo que es definitorio: como en las viejas novelas policiales negras, para saber quién es el responsable del hecho hay que preguntarse a quién beneficia. Y, en verdad, los beneficiados de esta grosería institucional son los que usufructuaron el poder en el último cuarto de siglo de la historia provincial, puesto que lo hicieron con un enorme desparpajo, sin control alguno y ahora, por fin, con la garantía de una total impunidad.

Por Alejandro Saravia para Voces Críticas