SALTA.- Las cosas no marchan bien en el complejo y costoso entramado del Poder Judicial de Salta.

Vínculos indebidos con la política de facción, morosidad, nepotismo, y oscuridad en aspectos centrales de la gestión a cargo de la Corte de Justicia de Salta, son algunas de las lacras que han llevado a los tribunales provinciales a su más alto nivel de desprestigio social.

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Los jueces brillantes e independientes que afortunadamente existen, son objeto de presiones y postergaciones diseñadas para castigar sus cualidades cívicas y académicas.

A su vez, los abogados (al menos la inmensa mayoría de ellos, que no tienen “llegada a Las Costas” ni al recoleto rincón del segundo piso de la ciudad judicial donde se cuecen las habas de los grandes intereses) padecemos destrato, arbitrariedades y, en algunos casos, las sutiles represalias de las “listas negras”.

El Poder Judicial se mueve sin control alguno. Y el único órgano pensado para controlar instancias inferiores (la Superintendencia) está subordinado a la presidencia de la Corte. Como lo están, de varias maneras, el Tribunal Electoral, la Escuela de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura.

En los últimos 4 años el Gobernador ha reemplazado a un tercio de los 120 jueces que imparten justicia en Salta. Lo ha hecho con el concurso complaciente de la mayoría de vocales del Consejo de la Magistratura y de los senadores que se limitan a decir si, no ya a las órdenes del señor Urtubey, sino a sus meros deseos reales o imaginados.

Pero la llegada de 40 nuevos jueces no ha servido para renovar los aires ni para elevar la calidad global del servicio de justicia. Y esto es así a raíz de que el Consejo de la Magistratura ha primado lealtades personales o políticas y parentescos, por sobre los principios de excelencia, idoneidad y especialización.

La débil -y técnicamente penosa- reforma del Reglamento del Consejo, hecha por los consejeros que ahora cesan en su mandato, se ha puesto al servicio de la discrecionalidad y la permeabilidad al nepotismo y la politización.

Lamentablemente, la representación de los abogados salteños en este Consejo no ha sido capaz de torcer la politización ni de poner freno a practicas clientelares y familiares. Su ingreso al régimen de trueque de favores ha quedado como único resultado visible de una actuación que fue siempre a remolque del implacable bloque acaudillado por la Corte o, lo que es lo mismo, por el gobernador.

Están en la Ley 7.016/98 y en los rudimentarios y manipulados Reglamentos del Consejo de la Magistratura, los cauces por donde discurren las ordenes que la política (menuda y con minúsculas) imparte para someter a jueces y magistrados. Y están también allí los argumentos para que la representación de los abogados se convierta en furgón de cola o apéndice de la estructura antirrepublicana de poder que manda en Salta en los últimos 25 años.

Los falencias de los procesos de selección a cargo del Consejo, están -todo hay que decirlo- en íntima relación con la precariedad científica de la Escuela de la Magistratura (el contenido de su Revista es una prueba de ello) y con el atraso que muestran los planes de estudio de derecho de algunas Universidades.

Ante este cumulo de deficiencias formativas y visto el peso de las corrientes más conservadoras del derecho en algunas Facultades, sería de esperar que el Consejo de la Magistratura elevara sus exigencias de calidad o que la Escuela de la Magistratura diseñara planes de formación democrática, reciclaje, actualización. Pero nada de esto ocurre en Salta. 

Es, por tanto, en mi opinión, urgente reformar la Ley y los Reglamentos citados, así como vincular a las instancias de selección y formación con las universidades que se encuentran en la vanguardia de las nuevas corrientes que han alumbrado la constitucionalización de todas las ramas del derecho y con las nuevas concepciones acerca de la justicia y de los controles de constitucionalidad y de convencionalidad.

La insularidad de amplios sectores de la justicia salteña es causa de atraso, inseguridad jurídica y relegamiento del principio de supremacía de la constitución y de los derechos humanos fundamentales.

El próximo 22 de marzo, los abogados tendremos la oportunidad de ponernos de pie frente a un estado de cosas que nos daña como ciudadano y nos perjudica como profesionales del derecho.

 

Por José Armando Caro Figueroa para Voces Críticas

Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Tucuman en 1964

Salta, 17 de marzo de 2019.